Economía y política

A TRES semanas de la hora de la verdad, el electorado sigue en las posiciones que quedaron fijadas a mediados de marzo, poco antes de la convocatoria: empate entre las dos principales fuerzas políticas, que se repartirían algo más del 70% de los sufragios, y consolidación de sendos bloques: los nacionalistas e Izquierda Unida (IU), con fuerza suficiente como para inclinar la balanza de uno u otro lado. Esa inmovilidad del escenario, reflejada en los resultados del sondeo que hoy publica EL PAÍS, contrasta con la aceleración de la vida política producida en las semanas de precampaña transcurridas. El sondeo no recoge los efectos que sobre el ánimo del electorado puedan tener los acontecimientos que marcaron lo que se ha acuñado ya como el jueves negro. En principio, esos efectos no pueden dejar de perjudicar las expectativas de voto de los socialistas. Sin embargo, es posible que un giro de su mensaje consistente en presentar las últimas medidas como prueba de reconocimiento de errores y voluntad de enmienda pueda conseguir lo que no han logrado iniciativas anteriores: movilizar a esos dos millones largos de antiguos votantes socialistas que se mantienen a la expectativa.La tercera devaluación en ocho meses, las cifras del paro y el rebrote de la inflación han sido presentados por la oposición como prueba del fracaso de la política económica del Gobierno y argumento central de la necesidad de un cambio de mayoría. En el panorama sólo falta la cifra del déficit público para dibujar el escenario más negativo de los teóricamente posibles. Se trata, por tanto, de una prueba difícilmente rebatible y frente a la que no cabría otro argumento que el de considerar que otras alternativas imaginables hubieran podido producido resultados aún peores.

Ese argumento ha sido aplicable desde hace años frente a las críticas de los sindicatos y otros sectores indefectiblemente partidarios, en las más diversas coyunturas, de políticas expansivas despreocupadas de la inflación y de sus efectos sobre la competitividad. Sin embargo, la experiencia del Gobierno de Mauroy en Francia había demostrado ya el círculo vicioso a que conduce una política de ese tipo en contextos internacionales desfavorables: aumentos salariales por encima de la productividad no sólo reducen los excedentes empresariales, sino la inversión y, con ella, la productividad, a la vez que, para compensar, provocan alzas de precios que ocasionan nuevos aumentos salariales, en un proceso en espiral. Pero esa pérdida de competitividad se traduce en reducción de cuotas de mercado en relación con competidores extranjeros, lo que produce menor actividad y más paro. A su vez, esa combinación provoca un mayor gasto social (en prestaciones al desempleo) con menores ingresos fiscales, lo que agrava el déficit público, cuya financiación exige elevar los tipos de interés, con el efecto de retrasar la recuperación.