La tarjeta de visita del PP
FRANCISCO FORJAS, La economía de Castilla y León busca un respiro. La reciente firma del plan de dinamización industrial entre el Gobierno autónomo, los sindicatos y la patronal pretende servir de respuesta a la difícil situación. La región que se convirtió en cantera política de José María Aznar -presidió el Gobierno regional durante dos años- ha sufrido un incremento del paro en los últimos meses por encima de la media nacional, y los desempleados son ya más de 200.000. La situación de Castilla y León, en el último lugar de la encuesta de la FIES (Fondo para la Investigación Económica y Social) sobre la actividad económica e industrial, presenta a esta región como la peor situada para afrontar la salida de la penuria económica.
El plan firmado pretende concentrar inversiones en los próximos años y reorganizar el papel del sector público empresarial de Castilla y León mediante la creación de una administración de Desarrollo Regional que se encargaría, además, de canalizar las ayudas de la CE.
Fuentes de la oposición critican el constante recurso a la deuda pública que el Gobierno que dirige Juan José Lucas (PP) ha puesto en práctica, a pesar de que año tras año los remanentes del presupuesto sin gastar dan cifras similares a la autorización de deuda prevista en los Presupuestos de la comunidad.
Descontentos
En opinión del líder de la oposición regional, el socialista Jesús Quijano, "nadie en su sano juicio pediría crédito a un banco por la misma cuantía del saldo de su cuenta corriente". De hecho, la gestión del presupuesto de 1992 revela que el Gobierno regional sólo ejecutó 43.200 millones de pesetas de los 108.000 presupuestados para inversiones.
El desarrollo industrial de Castilla y León se ve acompañado por el descontento de colectivos y asociaciones ante el escaso esfuerzo presupuestario para políticas sociales. Es el caso de los recursos que la Junta destina a los programas de atención a la mujer, o a la política de protección a menores, así como al plan de desarrollo gitano.
Del desencanto ciudadano no se escapa tampoco la Administración central. La mayor protesta se dirige a la repercusión de la política agraria. La existencia de numerosas pequeñas explotaciones, con una población agraria envejecida y diseminada a lo largo de la mayor región de Europa, sitúan a los agricultores y ganaderos en la peor posición para hacer frente a los retos que plantea el mercado europeo. En su descargo, el Gobierno central aluden a las competencias de la comunidad autónoma (95%).
Problemas de gestión
Con independencia del clima electoral, lo cierto es que hay problemas de gestión a los que el Ejecutivo regional del PP debe hacer frente a corto plazo. En este sentido, fuentes de la patronal y de la oposición parlamentaria se refieren a los que se plantean a la pequeña y mediana empresa por la morosidad de la Junta en el pago de obras y subvenciones. A pesar de que este Gobierno no tiene problemas de tesorería, porque el saldo medio de sus cuentas bancarias oscilan entre los 20.000 y 25.000 millones, los contratistas tardan en cobrar las obras un promedio de seis meses. Asimismo, las ayudas para la creación de empleo acumulan retrasos de dos años e incluso existen subvenciones pendientes de pago desde 1988.
La Junta ha intentado ganar agilidad recurriendo con frecuencia a la contratación directa, en algunos casos forzando la interpretación de la ley, tal y como ha denunciado la oposición, que señala la contradicción entre esta práctica y las directrices del PP nacional, según las cuales abusar de esta forma de contratación es fuente de posibles corrupciones. Pero lo cierto es que al cierre del ejercicio de 1991 la Administración regional fue porcentualmente la comunidad española que más obras adjudicó por la vía directa.
Para el líder nacional del PP, José María Aznar, Castilla y León es su única tarjeta de visita a efectos de gestión pública, donde puso en marcha un modelo de Gobierno al que el PP atribuye sus éxitos en la región. Mientras, toda la oposición atribuye al modelo implantado entonces buena parte de los problemas que planean en la actualidad sobre la gestión del Ejecutivo regional.
Un elemento nuevo en estas elecciones es la previsible caída del CDS. Ahora estarán en juego los 189.194 votos que cosechó en las últimas elecciones generales el entonces partido de Adolfo Suárez. No es mucho si se compara con un censo de 2.045,513 electores de la comunidad autónoma, pero sí puede resultar decisivo si se tiene en cuenta que muchos escaños se dirimirán por sólo unos miles de votos.
