Una larga lista de intermediarios
Los papeles de Sokoa, incautados en noviembre de 1986, pusieron en evidencia el alcance de la figura del intermediario en todas las operaciones de financiación de ETA. Varios abogados pertenecientes a HB o a su entorno han sido detenidos por su relación con el cobro del impuesto re volucionario y con el cobro de rescates por secuestros de ETA.Tras la liberación el 30 de octubre de 1988 de Emiliano Revilla, secuestrado por ETA, el juez Carlos Bueren abrió un sumario contra los presuntos intermediarios en el secuestro, entre ellos el abogado de HB José María Elosúa Sánchez. Bueren ha sido el juez más significado en la apertura de acciones judiciales contra las diversas tramas de financiación de ETA y el primero en hacerlo, precisamente tras el secuestro de Revilla.
Bueren encarceló en enero de 1992 al abogado José Antonio de la Hoz Uranga por actuar como intermediario de ETA en el secuestro del industrial Andrés Gutiérrez, liberado el 3 de julio de 1987. Tanto Elosila como De la Hoz declararon al juez Bueren que recibieron instrucciones de Antonio Ibarguren -abogado como ellos y parlamentario de HB- sobre lugar y fecha de entrega de los respectivos rescates. Ibarguren, ya fallecido, formaba parte del bufete Berdin.
En febrero de 1992 fue desmantelada una red de extorsión gracias a las investigaciones seguidas por la Ertzaintza, que condujeron a la detención de Álvaro Reizabal, abogado y ex miembro de la Mesa Nacional de HB, acusado de formar parte de la red destinada a cobrar el dinero del llamado impuesto revolucionario, destinado a financiar a ETA.
El abogado y senador de HB Iñigo Iruin fue acusado, días después del desmantelamiento de la red de extorsión, de gestionar y mediar en el pago del impuesto por parte de empresarios que acudieron a su despacho tras recibir cartas de ETA.
El juez Bueren elevó al Supremo un auto en el que destacaba de Iruin su "pertenencia a ETA en grado de dirigente". El pasado 1 de febrero el Senado aprobó el suplicatorio para procesar a Iruin por esta causa.
Por otro lado, las investigaciones de Bueren señalaban que Iruin medió en el secuestro de Adolfo Villoslada, hecho ocurrido en noviembre de 1989. En junio de 1992, Carlos Bueren llamó a declarar al abogado Andrés Ormazábal, tercer abogado del mismo bufete involucrado en la trama del impuesto revolucionario.
El fiscal de la Audiencia Nacional identificaba en un escrito, hecho tras desmantelarse esta red de cobro, a abogados próximos a HB como intermediarios habituales para exigir y cobrar el chantaje de ETA y destacaba al colectivo Berdin, bufete donostiarra en el que trabajaban Íñigo Iruin, Álvaro Reizabal y Andrés Ormazábal, implicados en esta trama. En ese mismo bufete trabajó Antonio Ibarguren.
En marzo de 1992, Josu Eguskiza y Encarnación Blanco, detenidos por presunta colaboración con el comando Vizcaya, declararon que Txema Matanzas, destacado abogado de las Gestoras Pro Amnistía, actuó de enlace con ETA. El abogado negó ante el juez todos los cargos.
