La invasión que hace temblar a Europa

La crisis de los refugiados, con su aumento en progresión geométrica y los flujos migratorios desordenados, se ha convertido en una pesadilla para los Gobiernos comunitarios, presionados por una opinión pública cada vez más intolerante hacia los que vienen de fuera. Las causas del rechazo son diversas, pero en la raíz del problema está la crisis económica con su secuela de desempleo y desesperanza en amplias capas de la población. Hoy, países que fueron tierra tradicional de asilo han endurecido o van a endurecer sus leyes.A finales de los años setenta y principio de los ochenta no había ningún problema para obtener el estatuto de refugiado político en cualquier país de Europa occidental. El número de los que llegaban del África subsahariana era muy reducido; el mayor contingente procedía de Latinoamérica, huyendo de las dictaduras. El fin de la guerra fría ha dado un vuelco radical a la situación. No ha solucionado, como se esperaba, los problemas regionales, sino que los ha agudizado. A nivel mundial, y según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de refugiados era de 15 millones en 1987, y actualmente alcanza los 20 millones, y éste sigue creciendo cada día que pasa.

La avalancha sobre la CE, que empezó en 1986-1987 y se ha disparado en los últimos dos o tres años, está forzando a los países comunitarios a aplicar una política común para los refugiados, sobre todo con vistas a la apertura de fronteras a partir del 1 de enero de 1993. Los ministros del Interior se reúnen en Londres el próximo lunes para debatir la situación, pero cada país está haciendo frente a la crisis como puede por sus propios medios, y algunos en grupo, como es el caso de los firmantes del Acuerdo de Schengen (Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, España y Portugal, y a punto de sumarse Grecia), quienes desde hace algún tiempo vienen tomando medidas para hacer frente al problema con vistas a la desaparición de sus fronteras interiores.

La situación también produce roces. Alemania ha lanzado acusaciones contra Francia y el Reino Unido por no acoger el suficiente número de refugiados procedentes de la antigua Yugoslavia y dejar todo el peso sobre sus espaldas. Éstos ascienden actualmente a 481.192 en los países de la CE y en los principales aspirantes a integrarse en la Comunidad (Austria, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza), pero teniendo en cuenta la existencia de 1,9 millones de refugiados dentro de la propia Yugoslavia es de prever que el éxodo hacia Alemania y el resto de la CE continuará, dada la terrible situación bélica en la república de Bosnia-Herzegovina, que por si sola tiene 1,3 millones de refugiados.

Las cifras globales de solicitantes de asilo en Europa occidental aumentaron entre 1988 y 1991 de 2129.904 a 573.846, y a lo largo de 1992 el número sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, al tiempo que surgen cada vez con mayor frecuencia los casos violentos de racismo y xenofobia, con ataques a albergues de refugiados o a sus domicilios familiares. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, la japonesa Sadako Ogata, ha propuesto a los Gobiernos que den igual prioridad a este problema que a los grandes temas de política, como el desarme, la ecología o el medio ambiente.Alemania es el país que más virulentamente está sufriendo la crisis, con un aumento espectacular de los refugiados debido a su hasta ahora generosa práctica de acogida. Para finales de año, más de medio millón de personas habrán pedido asilo político en Alemania, frente a los 256.000 del año pasado. Pero las facilidades se reducen. Hasta ahora, bastaba con pronunciar la palabra mágica asyl (asilo) para ser considerado automáticamente un solicitante y tener derecho a ser cobijado y alimentado por el Estado alemán durante la tramitación del expediente.

Por este procedimiento, sólo entre enero y septiembre de este año, llegaron y se establecieron 99.159 refugiados procedentes de Yugoslavia; 74.678 rumanos, en su mayoría gitanos; 23.877 turcos, más de la mitad kurdos; 16.902 búlgaros; 9.450 nigerianos; 8.621 vietnamitas; 6.661 de la antigua URSS; 5.972 zaireños; 5.245 ganeses y 5.048 afganos. A estas cifras hay que sumar las personas de origen alemán, procedentes en su mayoría de Rumania y de la antigua Unión Soviética, con derecho automático a la ciudadanía, y que en 1991 sumaron 222.000 personas, una cifra que puede repetirse este año.

El reparto de esta oleada de refugiados, distribuidos entre los Estados federales, que a su vez los adjudican por cupos a los ayuntamientos, ha facilitado los ataques de grupos neonazis contra las residencias o albergues en los que son alojados, en especial en la antigua Alemania comunista. El desempleo, las pésimas condiciones de vida, la asignación económica de un mínimo de 500 marcos (35.000 pesetas) a los refugiados, además de otros beneficios sociales, ha desatado el odio de los locales y despertado el racismo y la xenofobia.

Para hacer frente a la situación, el Gobierno conservador del canciller Helmut Kohl ha manipulado la violencia neonazi con el objeto de forzar a la oposición socialdemócrata a apoyar un cambio en la Constitución alemana (artículo 16) que limite el derecho de asilo como solución milagrosa a la crisis.

Pero los argumentos alemanes para limitar el derecho de asilo no son los únicos. Los británicos, alarmados por lo que ocurre en el Continente, también actúan y han decidido cerrar sus puertas con una nueva ley de inmigración que será aprobada por el Parlamento, seguramente el próximo mes de abril.

El proyecto contempla la expulsión sumaria en 48 horas de todo aquel que no reúna todas y cada una de las condiciones requeridas por la Convención de Ginebra y el Estatuto de los Refugiados de la ONU.

Sin embargo, la carga para los Estados que dan refugio no es tanto el número de personas a quienes se concede sino los miles de solicitantes que esperan dentro del país a que se resuelva su petición, situación que puede prolongarse hasta dos años. De ahí lo expeditivo del plazo sumario del proyecto británico, que otorga poder a los funcionarios para mantener una discrecionalidad restrictiva. Ya hoy los funcionarios de inmigración rechazan todos los días a decenas de refugiados bosnios, a quienes se les exige pasaporte croata o esloveno, condición difícil de cumplir. Artimañas de este tipo serán legalmente. permitidas para crear en la práctica un muro de contención frente a la oleada de inmigrantes.

Lo cierto es que la opinión pública británica apoya el cerrojazo, y la explicación está en las cifras: en 1988 llegaron a las islas 5.250 refugiados; en 1991, 44.750, y en 1992, aunque aún no hay cifras oficiales, se rebasará con creces este último número. Llegan procedentes de Europa del Este y de la antigua URSS, África y Asia (India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, las viejas colonias del imperio).

Francia no se queda a la zaga. El Gobierno socialista ha endurecido tanto las condiciones paria la concesión del estatuto de refugiado político que muchos franceses consideran que su país está perdiendo su tradicional condición de tierra de asilo, hecho que no parece preocupar a los dirigentes socialistas, deseosos de probar ante la opinión pública que su Gobierno no es un coladero de inmigrantes como no se cansa de denunciar el ultraderechista Frente Nacional de Jean Marie Le Pen.

El año pasado, 13.500 solicitantes de asilo fueron conducidos por la policía a las fronteras francesas, según el Ministerio del Interior. Las peticiones de asilo rechazadas se elevaron a 100.000 (datos del Instituto Nacional de Estudios Demográficos), y las aceptadas se contaron por centenares. El número actual de refugiados legales políticos o económicos asciende a 195.000 y proceden de Oriente Próximo, África, Asia y Latinoamérica.

Al rechazo se suma la estrecha colaboración de París con Italia, en donde este año han disminuido las peticiones de asilo, en el control de flujos migratorios -eufemismo que designa la caza de inmigrantes no deseados- procedentes de Albania, Yugoslavia y el Magreb, y con España en la contención de las avalanchas norteafricanas y latinoamericanas. La dureza ha llegado a un límite tal que el propio, Consejo Constitucional lo ha considerado incompatible con la Carta Magna, sobre todo cuando el anterior ministro del Interior, Philippe Marchand, propuso crear en las fronteras unas denominadas zonas de tránsito que no eran otra cosa que campos de concentración para aquellos que entrasen en Francia. Miles de franceses se manifestaron en contra el pasado mes de enero, y lograron que fuese declarada inconstitucional.

De los restantes países de la CE, Grecia ha dado la voz de alarma esta semana. El ministro de Orden Público, Theodore Anagnostopoulos, dijo el martes que su país tiene que hacer frente este año a una avalancha de 500.000 refugiados ilegales procedentes de Europa del Este (Albania sobre todo) Asia y África. Grecia, dijo, no puede afrontar la situación ni económica ni socialmente y pedirá ayuda a la CE para vigilar la frontera con Albania y las islas del Egeo, próximas a las costas turcas. Este año, el Gobierno de Atenas expulsó 250.000 albaneses ilegales, pero la mayoría de ellos se las arreglaron para volver a entrar de una forma o de otra.

En España se detecta un notable incremento de refugiados (al margen de los inmigrantes ilegales procedentes de África y Latinoamérica y los problemas que plantean). La ley de asilo fue promulgada en 1984, pero es a partir de 1988 cuando se nota un mayor movimiento. En ese año, los solicitantes de asilo ascendieron a 4.504, el año pasado sumaron 8.138, y la previsión es que este año alcancen los 12.000. La reforma de la ley, aprobada el pasado día 6, pone coto a la invasión.

La situación periférica de Portugal le mantiene al margen de los flujos del Este, aunque polacos y rumanos llegan en pequeño número para utilizar el territorio como trampolín hacia América, y la guerra de Angola ha incrementado la cifra en los últimos meses.

Dinamarca, con 34.230 refugiados hasta 1991, en su mayor parte de Oriente Próximo (iraníes, iraquíes y palestinos) y Asia (vietnamitas y tamiles de Sri Lanka), ha endurecido su legislación. Se han producido ataques contra los extranjeros, y en los últimos meses la tensión ha aumentado en algunas poblaciones pequeñas por considerar que los refugiados están acaparando beneficios sociales en perjuicio de los daneses.

En Holanda, el Gobierno ha agilizado los trámites de admisión o rechazo de refugiados, lo que ha repercutido en una considerable disminución del número de solicitudes que se consideraban injustificadas.

En resumen, Europa occidental está empezando a levantar un muro para defenderse de una invasión que está haciendo temblar a sus Gobiernos ante el potencial desestabilizador de gentes dispuestas a perder incluso la vida por conseguir un poco del bienestar de los ricos.