El PSOE se querella contra implicados en el 'caso Ollero' para desvincular de la corrupción al partido
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, pedirá a todas las fuerzas políticas andaluzas la creación de una comisión parlamentaria para investigar las finanzas de los partidos y se sumará a la propuesta de crear otra para el caso Ollero. Esta iniciativa forma parte de una campaña del PSOE andaluz, que con el anuncio de querellas contra tres de los cuatro implicados en el escándalo trata de evitar que este nuevo caso de corrupción caiga sobre el partido. Los querellados serán Jorge Ollero, hermano del ex director general de Carreteras de Andalucía; Pedro Llach, intermediario financiero, y Jesús Roa, presidente de Ocisa.
Los socialistas andaluces, con el presidente, Manuel Chaves, a la cabeza, justifican la presentación de estas querellas para poner de manifiesto su desvinculación con personas que presuntamente han utilizado fraudulentamente el nombre del PSOE para recibir beneficios económicos. "Estamos dispuestos a llegar hasta el final caiga quien caiga", señalaron dirigentes del PSOE andaluz.Los socialistas emprenderán en breve estas acciones judiciales una vez que la decisión política, después de analizar pros y contras, ya fue tomada el pasado fin de semana. En este mismo capítulo de querellas, los dirigentes del PSOE están analizando el torrente de informaciones periodísticas que el caso está produciendo, y consideran que algunas deberían ser llevadas igualmente a los tribunales.
El PSOE andaluz ha optado por presentar querellas contra tres de los cuatro inculpados por ser ésta la única forma legal de que la juez Pilar Llorente, instructora del caso Ollero, admita al partido como parte en el sumarlo. En un principio, el PSOE intentó personarse en él en calidad de acusación particular, lo que fue rechazado por la juez.
Los tres futuros querellados figuran como inculpados en el sumario abierto al descubrirse el presunto pago de comisiones a cambio de la adjudicación de una obra pública. El propio ex director de Carreteras, Manuel Ollero, ha declarado ante la juez como implicado, pero el PSOE no actuará contra él. Esta decisión es resultado de las reuniones mantenidas la pasada semana por la dirección del PSOE de Andalucía, por un lado, y las celebradas entre Manuel Chaves, Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes, y el secretario general del PSOE de Andalucía, Carlos Sanjuán.
Paralelamente, los socialistas también se erigirán en promotores de una comisión de investigación parlamentaria en la Asamblea andaluza, después de que todos los grupos de la oposición ya la han solicitado, junto con la comparecencia de Manuel Chaves. Tras numerosas deliberaciones sobre la conveniencia política, el PSOE ha decidido promoverla mañana en la reunión de la Junta de Portavoces.
A este respecto el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, manifestó ayer en Sevilla el deseo del Ejecutivo de "debatir en todos los parlamentos" cualquier sospecha de corrupción, informa Isabel Pedrote. No obstante, señaló que la decisión, ya tomada, de crear una comisión en el Parlamento de Andalucía incumbía al presidente de la comunidad autónoma.
Asimismo Chaves pedirá el concurso de la oposición para crear, si todos están de acuerdo, una segunda comisión que investigue las finanzas de todos los partidos. La reflexión política de los dirigentes socialistas tiene que ver con el curso de los acontecimientos durante el pasado mes de agosto.
Por otra parte, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores, reiteró ayer la necesidad de que la juez Pilar Llorente instructora del caso Ollero y titular del Juzgado número 17 de Sevilla, prorrogue durante un mes más el secreto del sumario, que expira el el día 15.
El objetivo de esta petición, que será presentada oficialmente a la juez Llorente antes del día 15, es ganar tiempo para que se puedan iniciar nuevas líneas de investigación y poder transcribir las cintas de las conversaciones telefónicas mantenidas entre Pedro Llach y Jorge Ollero e interceptadas por la policía. El fiscal cree que la transcripción de las cintas se puede realizar en 10 días con ayuda de estenotipistas, "lo que cuesta dinero y hay que pagarlo", advirtió.
Asimismo, Alfredo Flores elogió la forma en que se está desarrollando el sumario. "Creo que esta investigación va a ser más corta que las del caso Guerra dado que se está investigando lo que aparentemente puede ser delito, se está haciendo por partes y además se llegará hasta el final".
Los intermediarios
La juez Pilar Llorente eludió comentar ayer si, llegado el día 15, prorrogará el secreto de las diligencias del caso Ollero. Por su parte, los abogados de los principales implicados van a utilizar el artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ("La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el denunciador; y si no puede hacerlo, por otra persona a su ruego...") para solicitar la nulidad de todas las diligencias. La denuncia que ha servido para destapar este caso proviene de un anónimo."Cuando sea necesario ofreceré mis- argumentos", subrayó la juez. Flores indicó que existen otros artículos de esa misma ley que permiten a la juez "actuar de oficio". "Casi todas las confidencias que llegan a la policía judicial provienen de personas sin identificar. Y no por ello se dejan de investigar", aclaró el fiscal jefe.
