Consumo pide que cada sentencia por cláusula abusiva revierta en todos los ciudadanos
Defenderse de una cláusula contractual abusiva le puede costar a cada consumidor español hasta 10 años de pleitos judiciales. Por ello, el Instituto Nacional de Consumo quiere crear una comisión institucional competente en estos casos cuyas resoluciones sobre un contrato en particular afecten automáticamente a todos los ciudadanos.
Vivienda, seguros y créditos bancarios son los tres sectores que acumulan la mayor parte de las demandas por cláusulas abusivas, según datos del Instituto Nacional de Consumo. Y estas reclamaciones pueden tardar en resolverse entre cinco y 10 años a través de las distintas instancias judiciales. Como ejemplo, en abril de 1984 se inició una reclamación por un seguro de vida que rechazaba el infarto como accidente y hasta el 27 de noviembre de 1991 la familia del reclamante no obtuvo el fallo del Tribunal Supremo.El Instituto Nacional de Consumo viene insistiendo para que un procedimiento más ágil se incluya en el anteproyecto de Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que fue retirado hace tres semanas de la comisión de subsecretarios por disensiones entre varios ministerios.
Consumo critica, por otra parte, la "oportunidad" de aprobar ahora este texto legal, cuando la CE tiene ultimado un proyecto de directiva sobre cláusulas abusivas que posteriormente habrá que adaptar a la legislación española.
"El proyecto español ha asumido la doctrina de Alemania, el país pionero en la protección sobre cláusulas abusivas, pero sin el sistema judicial alemán", reflexiona Óscar López Santos, jefe del Servicio de Normativa del Instituto Nacional de Consumo. Aceptarlo como está no facilitaría, a su juicio, la defensa del consumidor frente a los contratos ya consumados, "dado que el acceso a la justicia es dificultoso y existe el riesgo de que la jurisprudencia dictada sea contradictoria".
Ámbito nacional
La alternativa que propone Consumo es la prevención; la creación, sin perjuicio de que cualquier ciudadano pueda reclamar en un juzgado, de una comisión institucional administrativa que actúe de oficio o mediante denuncia sobre todos los contratos de carácter mercantil y comercial. Sus resoluciones tendrían ámbito nacional, de forma que si un ciudadano denuncia un abuso en un contrato de alquiler, por ejemplo, y la comisión lo estima, esta cláusula desaparecería automáticamente de todos los contratos de alquiler de España.
En el campo mercantil privado, actualmente cada ciudadano debe plantear su propia reclamación judicial, sin que sus sentencias sean válidas para el resto de posibles afectados. Las sentencias son extensivas cuando el Estado es el "empresario", como ocurrió en el caso de la resolución judicial a favor de un ciudadano que motivó la reforma del impuesto de la renta en España.
La experiencia ha demostrado que en el campo mercantil privado la existencia de cláusulas abusivas resiste a las leyes. Los ofertores de bienes y servicios, aunque sean varios, funcionan en realidad como uno solo, ya que los contratos se copian unos de otros, resultando prácticamente idénticos. "Cuando estos sectores empiezan a usar las condiciones generales legales para la redacción de los contratos, los pasan a un experto que intenta sesgar el articulado para hacerlo lo más favorable posible a sus intereses" asegura López Santos. Este técnico destaca los problemas existentes en el sector de arrendamientos urbanos o en algunos servicios en situación de "seudomonopolio", como gas, electricidad y teléfono, "cuyos vicios hay que desarraigar".
