La 'ley Corcuera' entra en vigor con la desconfianza explícita de los jueces
La Ley de Seguridad Ciudadana, uno de los proyectos que más polémica han generado en los 10 años de Gobierno socialista, entra hoy en vigor, al haber transcurrido 20 días desde su publicación en el BOE. Las asociaciones de jueces, abiertamente opuestas durante la tramitación a algunos de sus preceptos, consideran previsible la interposición de cuestiones de constitucionalidad por parte de magistrados.
La ley Corcuera es aplicable desde hoy, viernes 13, pese a que su constitucionalidad es puesta en duda por cuatro grupos parlamentarios, tres asociaciones de jueces y una plataforma cívica integrada, entre otras formaciones, por los dos sindicatos mayoritarios. El PP presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo la anulación de cuatro artículos y la suspensión cautelar de su vigencia.Además, el Defensor del Pueblo ha recibido varias peticiones para que recurra la ley. La Plataforma para las Libertades, que integra a UGT y CCOO entre otros grupos, presentará a Álvaro Gil Robles a finales de marzo pliegos con decenas de miles de firmas apoyando la misma solicitud.
La ley llegará también al Constitucional, previsiblemente de la mano de algún juez que tenga que aplicarla. Los jueces tienen la posibilidad de plantear la cuestión de constitucionalidad cuando alberguen dudas sobre la adecuación de una norma a la Carta Magna.
Las asociaciones judiciales niegan haber dado consignas para plantear la cuestión de constitucionalidad, pero ven probable que algún juez tome la iniciativa. "Si alguno cree que se vulneran derechos constitucionales, se planteará sin duda", afirma Antonio Gil Merino, portavoz de Jueces para la Democracia. Ángel Calderón, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es de la misma opinión: "No estamos pensando a priori en hacerlo, pero si algún juez se ve en situación extrema, lo presentará, sin duda". Enrique Collado, de la directiva de Francisco de Vitoria, cree "bastante probable" la interposición de la cuestión de constitucionalidad.
"Vuelta al franquismo"
Jueces para la Democracia estima que la consulta al Constitucional podría darse respecto al artículo 21, relativo a la entrada de la policía en domicilios sin mandamiento judicial "en situaciones distintas a las de delito flagrante, que son las aceptadas por la Constitución". La APM se refiere también al artículo 20. "Contradice la doctrina del Tribunal Constitucional", asegura Calderón, "que ha establecido la imposibilidad de la retención".Ahora "se vuelve al franquismo", según Collado, y será el juez quien decida si suspende la ejecución de la sanción, con el riesgo de que pueda anularse una multa años después de haberla pagado. Ninguna de las tres asociaciones cree sustanciales los cambios en la tramitación parlamentaria. Para Gil Merino, "se trata de modificaciones más bien superficiales" y Calderón los califica de "retoques gramaticales".
Por otro lado, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, manifestó ayer que "sería un encanto que los críticos a la ley se volvieran ahora exigentes y mirasen con lupa sus repercusiones positivas".
