Ley de hierro, bis
UN PREJUICIO muy arraigado en la cultura de la izquierda tradicional es aquel según el cual toda iniciativa que obstaculice la acumulación y desarrollo del capital constituye por sí misma un avance hacia una sociedad más igualitaria. La política practicada por los socialistas españoles —o franceses, o suecos cuando han estado en el Gobierno— hace años que tiene poco que ver con tal concepción; sin embargo, sigue siendo tenaz la resistencia de los partidos respectivos a modificar los presupuestos doctrinales de los que derivaban tales prejuicios. En España, ese papel de último resistente y guardián del antiguo legado parece haber sido asumido por Alfonso Guerra. Un año después de ser desautorizado por una confusa mención a la necesidad de "una ley de hierro para los beneficios", ha reiterado que convendría buscar los "mecanismos jurídicos y no jurídicos" que permitan limitar los beneficios.
Otra vez se lo han explicado mal. En ningún país con un sistema de economía de mercado existen mecanismos que limiten los excedentes empresariales. Ello sería contradictorio con las garantías de libertad de empresa consustanciales al sistema; pero, además, el sistema mismo dejaría de funcionar si desapareciera ese estímulo de la generación de valor en las actividades productivas. Plantear tal cosa desde el Estado equivaldría a entorpecer deliberadamente la búsqueda de la eficacia en el conjunto de las actividades económicas. Eficiencia que deriva, aparte de las condiciones generales de la coyuntura, de factores como la competitividad relativa de las empresas, la capacidad de gestión, etcétera, y que se mide por la mejora de posiciones en el mercado y el aumento de los excedentes.
Otra cosa es que los poderes públicos, como uno de los factores dinamizadores de la actividad económica, estimulen —mediante políticas fiscales fundamentalmente— determinados usos de esos excedentes: orientándolos hacia su reinversión en la empresa o hacia otros destinos específicos. Pero ello tiene poco que ver con cualquier tipo de normativa legal destinada a imponer límites al beneficio empresarial. Ya hace un año, la confusión provino de tomar al pie de la letra una metáfora de David Ricardo. Al hablar de "mecanismos jurídicos y no jurídicos", Guerra no sólo persevera en la confusión, sino que la hace más espesa.
