El caso del hotel Sarrià de Barcelona
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular el plan urbanístico que autorizó la construcción de las torres de KIO, por sobrepasar los límites de edificabilidad legalmente previstos, tiene cierto paralelismo con lo sucedido a finales de los años setenta con el hotel Sarrià de Barcelona, actualmente propiedad de la cadena Sol.La semejanza entre ambos casos -a pesar de las diferencias que los separan- podría devenir en precedente en caso de que los tribunales decidieran, en un futuro, ordenar el derribo parcial de las citadas torres.
El hotel Sarrià de Barcelona, abierto en 1975, se benefició en aquella época de una disposición municipal que permitía a los promotores de hoteles de cuatro y cinco estrellas construir un volumen de edificación un 40% superior al asignado por la normativa urbanística vigente. La citada disposición, recogida en las ordenanzas municipales de edificación de la época, había sido aprobada en 1971 por el Ayuntamiento de Barcelona, presidido entonces por el alcalde José María de Porcioles.
4.428 metros a derribar
La licencia concedida al hotel Sarrià acogiéndose a esta norma fue recurrida posteriormente por un grupo de ciudadanos. La Audiencia Territorial de Barcelona primero (en 1975) y el Tribunal Supremo después (en 1976) consideraron ilegal la normativa municipal y ordenaron el derribo parcial del hotel. En 1978, la Audiencia fijó en 4.428 metros cuadrados la superficie a derribar, y dio un plazo de 30 días para ejecutarla orden.
A partir de aquí, el Ayuntamiento -presidido entonces por Josep María Socías Humbert- inició los preparativos técnicos y administrativos para cumplir la sentencia. Sin embargo, y antes de que se produjera el derribo, se produjeron dos hechos que cambiarían la situación: la elección, en 1979, del primer consistorio democrático y la venta del hotel por parte de los antiguos propietarios -la sociedad Valera, SA, controlada por Antonio van der Walle, amigo personal del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez- a la empresa pública Entursa, dependiente del Instituto Nacional de Industria (INI).
Este nuevo escenario propició un acuerdo entre el Ayuntamiento y los nuevos propietarios del hotel, según el cual estos últimos evitaban el derribo pagando una indemnización de 70 millones de pesetas a la ciudad. Este dinero sería destinado posteriormente a la adquisición de dos fincas próximas para construir un centro cívico municipal y una zona verde.
El acuerdo entre ambas partes fue refrendado oficialmente en 1983 por la autoridad urbanística -la hoy inexistente Corporación Metropolitana de Barcelona-, que declaró de "interés público" la conservación del edificio del hotel. Este pronunciamiento fue aceptado por los tribunales y la orden de derribo quedó finalmente sin efecto.
