Desde la cárcel
LA CONSOLIDACIÓN de la economía de la droga en España no sólo supondría una grave amenaza para la salud pública, con sus efectos terribles de muerte y de enfermedad sobre la población adicta. También constituiría un serio peligro para las instituciones públicas a causa del inmenso poder de corrupción que la caracteriza. Las circunstancias en las que se desarrolla la estancia del presunto narco Laureano Oubiña en la cárcel son una muestra, que no convendría minusvalorar, de este poder corruptor frente al que no hay que bajar la guardia si se quiere evitar que se instalen en estos pagos prácticas y conductas que han hecho estragos en países de las dos riberas del Atlántico.Según el Ministerio de Justicia, el ingreso en prisión de este presunto jefe del narcotráfico en Galicia, al que la DEA norteamericana ha señalado como uno de los individuos clave en el negocio del hachís en Europa, no ha sido obstáculo para que pudiera seguir dirigiendo personalmente sus negocios. Ello ha sido posible por la situación de privilegio -permanencia continuada en la enfermería basándose en dudosos dictámenes médicos, correspondencia clandestina, contactos telefónicos...que ha podido gozar en la cárcel desde el momento de su detención, en junio de 1989, en el marco de la Operación Nécora, dirigida por el juez Garzón contra los narcotraficantes gallegos.
El Ministerio de Justicia; por su parte, ha intentado poner coto a esta situación expedientando a los funcionarios de prisiones sobre los que recaen las sospechas de haber ayudado al presunto narcotraficante e incomunicando a éste, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General Penitenciaria, que contempla el aislamiento de presosí de "peligrosidad extrema".
Precisamente, la aplicación de este artículo -que ya fue utilizado cautelarmente en 1985 contra el grupo de maf losos que se hallaban presos entonces en España: Ochoa, Rodríguez Orejuela, Badalamenti, Bardellino, entre otros que, a la postre, todos ellos, han logrado burlar a la justicia- ha suscitado un contencioso entre él Ministerio de Justicia y la juez de vigilancia peniteciaria número 2 de Madrid que sólo beneficia al presunto narcotraficante. La juez ha levantado por dos veces la incomunicación de Oubiña por considerar que no estaba suficientemente fundamentada, y el Ministerio de Justicia ha alertado al fiscal general del Estado sobre la posibilidad de que, gracias a la decisión judicial, el presunto narcotraficante vuelva a dirigir sus negocios desde la prisión.
Sin duda, un conflicto así sería ininteligible desde la sola perspectiva de la aplicación formal de la norma. Cuando están por medio personajes tan poderosos como los acusados de manejar el narcotráfico, conviene extremar al máximo las cautelas legales, aunque sólo sea por criterios de eficacia. Pero al mismo tiempo habría que huir en estos casos de una aplicación ingenua de la norma que no tuviera en cuenta la capacidad económica y social de tales personajes para defenderse ante la justicia con todos los medios legales e incluso no legales.
El caso del narcotraficante colombiano JorgeLuis Ochoa es un precedente que no debe olvidarse: la firme voluntad del Gobierno español de entregarlo a Estados Unidos en lugar de a Colombia, como era deseo del detenido, nada pudo frente a la bien montada y millonariamente engrasada máquina de expertos en derecho y en relaciones públicas que el narcotraficante puso en marcha cuando fue detenido en España en noviembre de 1984. A la postre, el jefe del cartel de Medellín fue entregado por la justicia española a Colombía, y con ello se consumó, como se temía, su impunidad frente a los cargos criminales que pesaban contra él. La cultura de la droga, en su vertiente económica, crea poderes paralelos cuya capacidad de influencia en los legalmente establecidos,no es exclusiva de un solo. país, ni siquiera del nivel de desarrollo nacional en el que se desenvuelven. El pasado viernes, un magistrado napolitano decidió poner en libertad a seis maflosos de la Camorra, condenados a cadena perpetua, basándose en una escrupulosa y poco asumible interpretación legalista.
