El Gobierno británico quiere cambiar la sociedad con la Carta de los Derechos Ciudadanos
Los ciudadanos podrán emprender medidas legales contra los sindicatos en el caso de huelgas del sector público. Los funcionarios del Estado deberán identificarse en su relación con los ciudadanos. Los enfermos que tengan que esperar a ser intervenidos en la sanidad pública más de dos años podrán utilizar la sanidad privada con cargo al sector público. Éstas son algunas de las nuevas medidas que están contempladas en la Carta de los Derechos Ciudadanos, que acaba de presentar el primer ministro británico, el conservador John Major, y con la que pretende hacer frente a la sociedad de los años noventa. La sanidad, la educación, los transportes y, en general, los servicios públicos de la sociedad del Reino Unido pueden sufrir con estas medidas profundas transformaciones. El proyecto, hecho público poco antes de las elecciones generales del próximo otoño, ha sido recibido con burlas por los laboristas en la oposición y con reticencias por los sindicatos y asociaciones de consumidores.
SECTOR PÚBLICOLos particulares podrán demandar a los sindicatos por huelga ilegal
En caso de huelga ilegal en el sector público, los particulares tendrán derecho a plantear acciones legales contra los sindicatos, según consta en la Carta de los Derechos Ciudadanos propuesta por el primer ministro, John Major, como marco de los nuevos derechos de los consumidores de servicios públicos y de los privatizados.
Los organismos de revisión salarial tendrán más en cuenta el rendimiento al analizar las reclamaciones en el sector público. Todos los servicios públicos tendrán que establecer un procedimiento de quejas claro y definido.
La mayoría de los funcionarios públicos deberán llevar una tarjeta identificativa y también tendrán que identificarse cuando hablen por teléfono con los ciudadanos en el ejercicio de su trabajo.
Respecto a las llamadas de urgencia a los servicios policiales, los funcionarios de policía deberán publicar un informe en el que se indique el tiempo transcurrido entre el primer contacto telefónico y la llegada al escenario del incidente. Se entienden por incidentes los desórdenes públicos, los robos en los que estén presentes los asaltantes o cuando existe un peligro para la vida.
Se dará mayor autonomía a las administraciones de los servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones. Las reclamaciones se realizarán con mayor rapidez, y las compensaciones por servicios deficientes serán más justas. Se publicarán normas para asegurar unos niveles altos de calidad para los servicios públicos.
, La Carta de Inquilinos, mejorada, concederá a los inquilinos de inmuebles municipales más derechos sobre la Administración y reparaciones e incluirá la vigilancia obligatoria de los inmuebles por parte de la Administración.
Los organismos de todas las áreas de los servicios públicos tendrán que publicar baremos de calidad y de los resultados obtenidos. Se establecerán objetivos de mejoras anuales. Los servicios e instalaciones públicas tendrán que organizar vías de reclamación bien definidas por si los usuarios no se sienten satisfechos. Ofrecerán, dentro de lo posible, revisiones independientes.
SANIDAD
El paciente que tenga que esperar mas de dos años podrá ir a la sanidad privada
Los pacientes que tengan que esperar más de dos años para ser atendidos en el sistema de salud público británico podrán buscarse un tratamiento alternativo que incluye la asistencia privada. En este caso, la asistencia será pagada por el Estado.
Esto sucederá a partir del mes de abril de 1992, fecha en la que las autoridades sanitarias deberán publicar unos tiempos de espera máximos tanto para los pacientes que requieren ser internados como para los de asistencia diaria. La carta de derechos ciudadanos promete un tiempo máximo para operaciones hospitalarias, por ejemplo, de hernia o de caderas.
Algunas organizaciones de pacientes han afirmado que aquellos que requieran operaciones relativamente menores tendrán más ventajas sobre aquellos otros que no puedan trabajar y que estén esperando con dolores a ser operados.
La Asociación Médica Británica ha criticado las pretensiones del primer ministro y ha mostrado entre otras cosas sus temores de que con la aplicación de las nuevas medidas los ancianos y disminuidos mentales puedan ser relegados en el programa de recorte de los tiempos de espera.
Las autoridades sanitarias tendrán que negociar y hacer públicas sus propias normas locales informando de los detalles de las normas de asistencia. Por su parte, los departamentos de asistencia externa introducirán sistemas de cita previa para acabar con la práctica de atender al mismo tiempo largas colas de pacientes.
EDUCACIÓN
Los colegios publicarán los resultados de los exámenes
En materia educativa, las autoridades locales publicarán una relación de escuelas y colegios que incluirá el rendimiento, los resultados de los exámenes, los niveles de inasistencia y destino de los estudiantes para conocimiento de los padres. Estas listas deberán hacerse públicas en los periódicos locales de manera que puedan ser entendidas con facilidad.
Todas las escuelas y colegios de educación media y sexto grado tendrán que informar de los resultados de sus exámenes públicos. A finales de este verano se publicará una Carta de los Padres en la que se darán a conocer sus derechos y facultades. A finales de año, el Gobierno publicará una guía sobre el nuevo currículo nacional.
TRANSPORTES
El monopolio de Correos toca a su fin
El monopolio del servicio de correos toca a su Fin. Se introducirá la competencia privada, aunque no llegará a privatizarse del todo. La competencia se hará incrementando el descuento por preclasificación y concediendo a los servicios externos el derecho a clasificar y distribuir el correo sirviéndose de la red de distribución local para el envío final.
Se creará una Administración independiente, y las normas de correos serán establecidas por la Secretaría de Estado para el Transporte y la Industria, no por correos. El cargo mínimo de una libra que cobran los otros servicios de mensajería será reemplazado por un cargo más acorde con el precio del servicio urgente.
Los planes de privatización de los ferrocarriles británicos se publicarán más adelante, en el transcurso de este mismo año. Se nombrará una autoridad reguladora independiente para garantizar el acceso y la adjudicación equitativa de los ferrocarriles. Una Carta del Pasajero, que se publicará el próximo otoño, establecerá las normas de servicio y los detalles de las compensaciones en los casos en que esas normas sean inaceptables. Se redactarán de nuevo las condiciones de transporte de los ferrocarriles británicos.
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