El juez del 'caso Guerra' ve indicios de delito en el uso del despacho
El juez instructor del caso Guerra, Ángel Márquez, ha encontrado indicios de delito en el uso de un despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla para actividades privadas por parte de Juan Guerra, según ha manifestado a este periódico. El magistrado ha pedido al fiscal Alfredo Flores un informe sobre la remisión de las diligencias al Tribunal Supremo debido a la posible inculpación de Alfonso Guerra.
Dada la condición de diputado de Alfonso Guerra, el juez debe realizar este trámite antes de una eventual inculpación. Los seis responsables, según Ángel Márquez, de la utilización indebida del despacho oficial de la Delegación del Gobierno y, por tanto, de un presunto delito de malversación de fondos públicos son Alfonso Guerra, en aquel momento vicepresidente del Ejecutivo; los sucesivos delegados de Gobierno en Andalucía Leocadio Marín, Tomás Azorín y Alfonso Garrido; el entonces secretario del vicepresidente, con rango de subsecretario, Rafael Delgado, y el propio Juan Guerra.Leocadio Marín y Tomás Azorín son en la actualidad par lamentarlos en la Cámara autonómica andaluza, por lo que sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Fuentes cercanas al caso explicaron ayer que una vez demostrado, tras el análisis del libro de visitas de la Delegación del Gobierno, que Juan Guerra utilizó el despacho oficial para actividades privadas y que la orden de apertura del despacho partió desde la vicepresidencia del Gobierno -así lo reconoció Rafael Delgado-, hay que delimitar el grado de responsabilidad de cada una de las personas antes citadas.
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