El fiscal y los acusadores privados se oponen a que Dioni sea puesto en libertad
El fiscal y los dos acusadores privados, que representan a la empresa Candy y a la aseguradora La Unión y el Fénix, se opusieron ayer a que sea puesto en libertad el vigilante jurado Dionisio Rodríguez, Dioni, acusado de apoderarse en 1989 de 320 millones de pesetas de un furgón blindado de la empresa Candy. Por el contrario, Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del acusa do, volvió a demandar la puesta en libertad de su cliente.La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid vio ayer el recurso de apelación interpuesto por el letrado contra el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 12, que denegó la libertad provisional para el conocido delincuente.
El fiscal del caso solicita para Dioni una pena de cuatro años dos meses y un día por considerarle autor de un delito de apropiación indebida, o bien seis años y cuatro meses de prisión si se le considera autor de un robo.
Rodríguez Menéndez estima que su cliente no cometió apropiación indebida "porque quien recibe los fondos no es Dionisio Rodríguez, sino la empresa Candy. El se limita a transportar ese dinero durante un periodo de tiempo muy corto". Según el letrado, el vigilante habría incurrido en un delito de hurto, y, por tanto, no puede ser juzgado, ya que "las autoridades brasileñas concedieron la extradición de mi cliente para que fuera sometido a juicio por apropiación indebida, no por hurto".
El fiscal estima que Dioni incurrió en robo con fuerza, por lo que pide que se le prorrogue la prisión preventiva, ya que "tiene en su poder 140 millones de pesetas" procedentes del furgón.
