El Gobierno dedicara 1.500 millones para la jubilación anticipada de 140.000 agricultores

El ministro de Agricultura, Carlos Romero, y los responsables de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) suscribieron ayer un acuerdo por el que se modifica radicalmente el real decreto para el cese anticipado de actividad en el sector agrario o la jubilación anticipada. Se espera que en los próximos días ratifiquen también este acuerdo las otras dos organizaciones agrarias, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de UGT y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). El colectivo de agricultores con posibilidad de acceder a esta ayuda se acerca a las 140.000 personas.

Con la nueva normativa, los agricultores mayores de 60 años que vendan o arrienden sus tierras recibirán una compensación anual hasta su edad de jubilación, los 65 años, que oscila entre 645.000 y un millón de pesetas, cantidades revisables cada año según el aumento de las pensiones en el sector agrario.Para aplicar este real decreto, Agricultura tiene un presupuesto de 1.500 millones de pesetas, aunque sus responsables han señalado que habrá el dinero que sea necesario.

El importe de las ayudas por cese será de 645.000 pesetas por explotación cuando no haya cónyuge a cargo del agricultor, 745.000 pesetas si el titular tiene cónyuge a cargo y un millón de pesetas si ambos cotizan a la Seguridad Social. Estas cifras serán revisables anualmente según el incremento de las pensiones en el sector agrario.

La posibilidad del cese anticipado de actividad en la agricultura tiene sus orígenes en el reglamento de abril de 1988 de la Comunidad, por el que se intentaba dar salida a los agricultores de edad avanzada que no quisieran seguir con sus explotaciones ante las mayores dificultades planteadas con la reforma de la Política Agrícola Común. El reglamento de la Comunidad señalaba el periodo para el cese de actividad entre los 55 y los 65 años, aunque dejaba libertad a cada Estado miembro para fijar otro periodo diferente.

La Administración española desarrolló ese reglamento con un real decreto en septiembre de 1989 y una orden posterior en los primeros meses de 1990. El Ministerio de Agricultura, entre otras medidas, fijaba la edad del cese en los 60 años con una cuantía anual de 450.000 pesetas, a lo que había que restar el pago mensual de la cuota a la Seguridad Social, pero impedía el arrendamiento de las tierras para el cese en la actividad de padres a hijos.

Estas condiciones hicieron inviable la medida y fueron rechazadas radicalmente por todos los sindicatos agrarios que en el último año plantearon la modificación de este real decreto como una de sus principales reivindicaciones ante el Ministerio de Agricultura en las movilizaciones del pasado mes de junio.

La falta de respuesta oficial durante el último año a las peticiones de los sindicatos agrarios hizo que las organizaciones agrarias COAG y Asaja presentaran meses pasados una iniciativa legislativa popular ante el Parlamento para la aprobación de una ley para el cese anticipado de actividad. Aceptada la propuesta de los sindicatos, a partir de la próxima semana las organizaciones agrarias iban a iniciar la campana en todo el país para la recogida de 500.000 firmas que apoyasen su propuesta.

Cambio en Atocha

Con el acuerdo suscrito entre Carlos Romero y Asaja se introducen modificaciones básicas para la viabilidad del cese anticipado de actividad. En primer lugar, se suprime el techo de 500.000 pesetas de ingresos brutos en una explotación para que su titular pueda acceder a esta medida. Con la norma anterior se dejaban fuera miles de pequeñas explotaciones con ingresos brutos inferiores.

El nuevo planteamiento autoriza el cese anticipado del padre y la transmisión de la propiedad al hijo tanto cuando tenga su propia explotación agraria como si es colaborador del padre, siempre que lleve tres años en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Las explotaciones deben estar ubicadas en zonas de montaña o desfavorecidas, lo que supone el 70% de la superficie del país.

Carlos Romero destacó que el objetivo del acuerdo era mejorar la estructura productiva ante la existencia de muchos agricultores.