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domingo, 2 de diciembre de 1990

Un informe oficial italiano implica en el crimen de Atocha al 'ultra' Cicuttini, relacionado con Gladio

Un informe reservado del Comité Ejecutivo para los Servicios de Información y Seguridad (CESIS), organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, al que ha tenido acceso EL PAÍS, implica al fascista italiano nacionalizado español Carlo Cicuttini, refugiado en España desde 1972 y relacionado con la red Gladio de la OTAN, en la matanza perpetrada el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de la calle de Atocha (Madrid), que marcó uno de los momentos de mayor tensión en la transición española a la democracia.

El citado informe italiano, fechado el 3 de marzo de 1987 y firmado por el entonces secretario general del CESIS, Orazio Sparano, señala textualmente: "... Para calificar, finalmente "de forma específica la propensión terrorista de Cicuttini incluso en aquel territorio [España], debiera parecer emblemática su aseverada participación en la conocida matanza de cinco abogados sucedida en 1977 en el barrio de Atocha en Madrid". La implicaión en el crimen de Atocha de los fascistas italianos refugiados en España, apuntada por diversos medios de comunicación en los últimos años, no fue considerada, sin embargo, durante el juicio celebrado por la Audiencia Nacional en febrero de 1980.Carlo Cicuttini, ex militante del neofascista Movimiento Social Italiano (MSI) y dirigente del grupo terrorista Ordine Nuovo, ha sido condenado en Italia a 11 años de cárcel por su participación en el intento de secuestro aéreo de Ronchi dei Legionari, octubre de 1972, y a cadena perpetua por el atentado de Peteano, en mayo del mismo año, en el que murieron tres carabineros. Han sido precisamente las indagaciones realizadas por el juez veneciano Felice Casson sobre el atentado de Peteano las que han permitido conocer la Operación Gladio, un ejército secreto formado en los años cincuenta en Italia y otros países de la OTAN; en teoría, para hacer frente a una invasión del Pacto de Varsovia y, en la práctica, presumiblemente para impedir el acceso de los comunistas al poder.

En la localidad de Aurisinal próxima a Peteano, se descubrió, casualmente, tres meses antes del atentado, un depósito de armas y explosivos que, se ha sabido ahora, pertenecía a Gladio. El juez Casson está interrogando actualmente a los ex jefes de los servicios militares de información italianos, de los que dependía el ejército paralelo, para determinar si el explosivo utilizado en Pateano era propiedad de Gladio y si existían relaciones entre dicha organización y Ordine Nuovo, autora del atentado.

Las pesquisas judiciales se ven dificultadas por la negativa española a entregar a Cicuttini, al que en Italia se considera máximo responsable del atentado de Peteano. Aunque el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, firmó en junio de 1987 la orden de expulsión de 15 terroristas italianos, incluido Cicuttini, la misma no llegó a ejecutarse debido a que éste adquirió la nacionalidad española, tras casarse con la hija de un general de brigada del Ejército español.

Según la documentación que obra en poder de EL PAÍS, el Gobierno de Madrid alcanzó en 1986 un acuerdo con el de Roma para expulsar a Cicuttini a la República Federal de Alemania, de donde sería posterionnente entregado a Italia, pero dicho acuerdo fue incumplido por la parte española.

Un juez italiano experto en terrorismo, que prefiere mantener el anonimato, ha asegurado a este diario que la negativa española a entregar a Cicuttini se debería a que "sabe demasiado" en torno a la guerra sucia contra ETA, a la que alude el ya citado informe reservado del Consejo de Ministros italiano, cuando habla de la "presunta participación de extremistas de derecha italianos en las actividades de carácter violento contra ETA de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)".

Más explícito es un documento confidencial de la Brigada de Información Interior, fechado en 1983, en el que se afirma que Cicuttini admitió, en el curso de los interrogatorios a que fue sometido tras su primera deterición, en 1982, haber trabajado para la policía española "realizando operaciones en Francia como Grupo Antiterrorismo ETA (ATE), tanto de vigilancia y observación de miembros de la izquierda española comode miembros de ETA, así como atentados contra estos últimos".

La extradición de Cicuttini, pedida por Italia en 1983 y 1986, fue rechazada en ambas ocasiones por la Audiencia Nacional, por estimar que los actos de terrorismo de los que se le acusa tenían "intencionalidad política" y, además, se beneficiaban de la amnistía dictada en octubre de 1977 para lograr la reconciliación entre los españoles.

"Los apoyos y contactos de los que seguramente todavía hoy goza el imputado en ciertos sectores de los aparatos estatales españoles se han revelado más fuertes de lo previsto", escribe con cierta amargura el juez Casson en el sumario de Peteano.

La red de la OTAN y los 'años del plomo'

La presunta relación entre el ejército clandestino creado por la CIA y los servicios secretos italianos en los años cincuenta (la Operación Gladio o Stay Behind, en terminología de la OTAN) con los sangrientos atentados que conmocionaron al país durante los setenta, los años del plomo, constituye el eje fundamental de las investigaciones impulsadas por dos jueces venecianos: Felice Casson y Carlo Mastelloni. Mientras el primero indaga sobre el atentado de Peteano, el segundo lo hace en torno al derribo del avión Argo 16, en noviembre de 1973, que llevaba gladiadores y armas a la base secreta de Alghero (Cerdeña).Aunque la posible vinculación entre Gladio y terrorismo aún no ha podido ser demostrada, son muchos los elementos que abonan la sospecha; entre ellos, las maniobras realizadas a lo largo de los últimos años por los responsables de los servicios secretos italianos, de los que dependía la estructura paramilitar, para obstaculizar y desviar con pistas falsas las investigaciones judiciales en tomo a los atentados. La labor obstruccionista llevó a que en el sumario de Peteano fuera condenado entre otros el general de carabineros Dino Mingorelli, aunque la condena fuera luego anulada al estimarse que no hubo mala fe por parte del militar.

Especialmente revelador resulta el testimonio prestado por el fascista Vicenzo Vinciguerra al juez instructorde Bolonia el 19 de julio de 1984: "( ... ) Existía una verdadera estructura oculta capaz de actuar como dirección estratégica de los atentados y no, como habíamos pensado anteriormente, una serie de relaciones personales de afinidad política ( ... ) La amistad personal y el común credo ideológico entre algunas personas pertenecientes a los aparatos del Estado y elementos de extrema derecha no hubiera podido nunca producir niveles de cobertura tan amplios y capaces de llegar hasta la misma cúspide de los servicios de información".

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