Trampa mortal
LA DURA condena impuesta al ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría por efectuar un aborto -siete años de privación de libertad y otros tantos de inhabilitación-, así como las infligidas a un colaborador, a la mujer que se sometió a la operación y a su marido, constituye un alegato en toda regla contra el injusto marco legal que desde hace cinco años regula la práctica del aborto en España.La timorata despenalización parcial del aborto vigente, a años luz del problema social que la justifica, ha sido denunciada desde muy diversas instancias. Decisiones como la que han tomado los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga, más interesados en la letra que en el espíritu de la ley y siempre dispuestos a aplicarla desde la perspectiva más dura, ratifican la convicción de la conveniencia de sacar de la esfera judicial el tema y dejarlo a la libre voluntad de las mujeres, en definitiva las únicas responsables de su cuerpo. No existe ningún obstáculo que impida un tratamiento legal del aborto en este sentido. La pasividad del Gobierno, o el inevitable recurso al indulto sistemático, sólo favorece a quienes han hecho del nasciturus bandera ideológica o a quienes ejercitan su proclividad inquisitorial en cuanto se les permite.
