Las embarazadas podrán cambiar de puesto si existen riesgos para ellas o el feto
El proyecto de Ley de Protección de la Salud en las Condiciones de Trabajo, que el Gobierno empezó a negociar ayer con los sindicatos, prevé que las empresas tengan delegados de prevención y comités de seguridad e higiene -éstos en centros con más de 100 trabajadores-, así como la posibilidad de que las embarazadas ocupen un puesto diferente cuando haya riesgos para su salud o la del feto.
Las centrales han acogido con prudencia el texto inicial del Ejecutivo y van a reclamar más protección para la maternidad, que se aumente el permiso por embarazo y una subida de las sanciones para las empresas que incumplen la normativa.El ámbito de la ley, que sustituirá a la vigente de 1971, se aplicará a las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y al personal civil de las distintas administraciones públicas. El proyecto del Gobierno, que también va a ser negociado con la CEOE en los próximos días, contiene acciones de la Administración para la prevención de los riesgos laborales y otorga un papel de vigilancia al Consejo General que tendrá una composición tripartita.
El control de la normativa corresponderá a la inspección de trabajo.
La ley fija mecanismos de representación colectiva de los trabajadores a través de la figura de los delegados de prevención, quienes efectuarán tareas de vigilancia, y de los comités de seguridad e higiene, constituidos por los representantes de la empresa y los delegados de prevención. Asimismo, se establecen las obligaciones que corresponden a los fabricantes, importadores o suministradores en las condiciones de seguridad de las maquinarias, equipos, y útiles de trabajo.
Los sindicatos UGT y CC OO concretarán sus propuestas en la reunión fijada para el día 16. Ayer avanzaron que van a reclamar más garantías para la protección de la maternidad, que se amplíe el periodo para tener derecho a la reserva del puesto de trabajo, permisos retribuidos para preparación del parto y consideran insuficiente el descanso de 16 semanas por embarlazo. Su objetivo son las 18 semanas.
En materia de faltas y sanciones van a solicitar que se aumenten. En la actualidad, la mayor sanción es de 500.000 pesetas.
El Gobierno se propone discutir esta ley, por un lado, con los sindicatos y, por otro, con la patronal, en un proceso denominado por el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, como "tripartismo implícito o doble bilateralismo", para desembocar luego en una mesa de las tres partes.
