Autorizada la transfusión de sangre a una niña testigo de Jehová
El juez de instrucción número 6 de Granada Miguel Ángel del Arco, autorizó la transfusión de sangre a una niña de seis años, contra la voluntad de sus padres, testigos de Jehová. El juez considera que la patria potestad no faculta a los padres para negar una transfusión sanguínea por motivos religiosos a sus hijos menores, cuando ésta sea necesaria para su supervivencia.En la resolución judicial, se razona que los padres sólo representan a sus hijos en asuntos materiales y patrimoniales y que no pueden atribuirse decisiones que afectan a los derechos de la personalidad.
La resolución adjudica a los padres el derecho a formar religiosamente a sus hijos, pero, en cambio, niega que la patria potestad sea exclusiva e ilimitada.
El interés de los hijos
El juez recuerda que en el vigente Código Civil, actualizado en mayo de 1981, la patria potestad "abarca exclusivamente un contenido material y patrimonial" y limita la vinculación del hijo a "prestaciones personales". Para el juez, la patria potestad "es una función establecida en el beneficio exclusivo de los hijos" y, por tanto, "el juez puede y debe intervenir en determinados casos y, para salvaguardar el interés de los hijos".
La resolución fue dictada el pasado 15 de marzo, ante la resistencia de Salvador Iglesias Montes a que los médicos sometieran a una transfusión sanguínea a su hija de seis años Damari Iglesias Huerta, que convalecía en la unidad de cuidados intensivos del hospital Clínico a consecuencia de las lesiones producidas en un accidente de tráfico. Salvador Iglesias alegó para ello convicciones religiosas y aseguró que su hija estaba preparada para no recibir sangre. El juez, en compañía del secretario, Francisco Javier Villa-Real, autorizó no obstante la transfusión.
El juez relata que fue necesario echar de la habitación a los familiares de la pequeña y ordenar la presencia de vigilantes jurados y policías para impedir que el padre retirara las gomas por las que se suministraba sangre a Damari. El mismo día, una persona acusó por teléfono al juez de "violar la ley de Dios".
El juez hace saber "a la opinión pública" que una resolución tan laboriosa, que obligó a la presencia judicial en el hospital, fue adoptada "en las horas finales de una guardia sin remunerar de siete días", en la que entraron "626 diligencias penales, 20 detenidos, dos intentos de asesinato y un parricidio".
