La fiscalía posee indicios para actuar contra Prenafeta
La Fiscalía de Barcelona ha dado prácticamente por concluida la investigación realizada sobre las actividades privadas del secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta. Fuentes cercanas a la investigación consideran, según manifestaron a este periódico, que existen indicios suficientes para poder iniciar una acción ante los tribunales contra Prenafeta, que el pasado viernes anunció que dimitirá de su cargo en el Gobierno catalán el próximo 31 de mayo.Las diligencias practicadas por la fiscalía indican que las actividades del secretario general de Presidencia en la esfera empresarial podrían encuadrarse en diversas figuras, según el Código Penal, que establece prohibiciones para que un cargo público tenga intereses en las empresas con ánimo de lucro y que desde éstas efectúe operaciones de tráfico mercantil. Estas actuaciones se habrían llevado a cabo al favorecer desde su cargo público los intereses de las empresas con las que está relacionado: Iberia, Compañía Anónima de Seguros -de la que es consejero desde el pasado 1 de junio-, Vilassar Internacional y Tipel. Estas dos últimas empresas pertenecen a la familia Prenafeta. Fuentes de la fiscalía precisaron que se ha tratado de concretar durante los dos meses de la investigación si con la doble actividad se ha incurrido en actividad sancionable o no, al margen de las consideraciones sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las mismas.
Incompatibilidad
Prenafeta ha insistido estos días en que, según la legislación catalana sobre la función pública, no hay incompatibilidad entre su actividad pública y la privada. A este respecto, el secretario general de Presidencia posee un certificado del Departamento de Gobernación de la Generalitat en el que se señala que su cargo es compatible con sus negocios. Todavía no existe la certeza de que la fiscalía de la Audiencia de Barcelona inicie la acción, ya que, de momento, está a la espera de varias cuestiones, entre ellas conocer el criterio de la Fiscalía General del Estado sobre la investigación. El expediente con las investigaciones fue remitido la pasada semana a Leopoldo Torres, fiscal general del Estado. La consulta a la cúpula fiscal es considerada lógica en medios judiciales, ya que así lo establece el propio estatuto de la carrera fiscal. Concretamente, el artículo 25 precisa que en cuestiones de especial importancia se deberá consultar al fiscal general del Estado.
