El retorno de los evadidos

LA RECIENTE extradición desde Ecuador de Neus Soldevila y la detención en Paraguay del ultraderechista Emilio Hellín con vistas a su posterior entrega a España, que solicitó su extradición tras haber revelado una revista que se encontraba en dicho país, parecen indicar una cierta voluntad de acabar con la impunidad de la saga de evadidos de la justicia que pusieron el Atlántico de por medio en los últimos años. Lo que procede ahora es perseverar en el empeño de impedir que estos fugados -procesados en el sumario de la colza, ultraderechistas condenados por asesinatos y estafadores de toda laya- logren sus propósitos. Y ello no sólo por estrictos motivos de justicia, sino también en interés de las instituciones del Estado a las que tales fugas han desacreditado en alguna medida, arrojando serias dudas sobre su eficacia y capacidad para hacer cumplir la ley e impartir justicia por igual a todos los ciudadanos.Para ello no sólo se necesita contar con unos servicios diplomáticos capaces de localizar previamente al evadido -lo que se ha echado en falta en ocasiones-, sino, también, una cuidada acreditación documental de los cargos que se le imputan y, con frecuencia, que sean confluyentes en un momento determinado los intereses entre los Estados. Esta última circunstancia ha jugado particularmente en los casos de Neus Soldevila y de Emilio Hellín, condenado éste a 43 años por el asesinato, en 1980, de la joven Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores. La desaparición de la dictadura militar de Stroessner privó al ultraderechista español de la protección oficial de que gozaba y que convertía en papel mojado el tratado de extradición existente entre Paraguay y España desde hace 70 años. Por su parte, la extradición de Neus Soldevila desde Ecuador ha sido posible por la circunstancia de que España ha podido entregar, en reciprocidad, a un alto funcionario del Banco Central y Casa de la Moneda de ese país acusado de desfalco y que se encontraba huido en territorio español.

Nombres como los de Lerdo de Tejada, Palazón, Jaime Messía Figueroa y Javier Anastasio, entre otros, nos recuerdan que siguen huidas personas con deudas pendientes con la justicia. Sus fugas no hubieran sido posibles sin los escandalosos fallos de coordinación producidos entre la Administración judicial y penitenciaria y el aparato policial. A raíz de estos sucesos, el Gobierno español ha procurado, mediante la firma de convenios bilaterales de extradición, restringir al máximo el número de países del otro lado del Atlántico utilizables como refugio impune por prófugos de la justicia. Ello motivó, por ejemplo, la firma -por primera vez- de un tratado de extradición con Brasil, uno de los refugios predilectos para los fugitivos, así como el reforzamiento y modernización de los instrumentos de auxilio judicial con otros países latinoamericanos, sustentados en la mayoría de los casos en viejos convenios suscritos hace más de 60 años, cuando no en pleno siglo XIX.

Sin embargo, para que la cooperación jurídica entre los Estados funcione no basta, como palmariamente demuestra el caso del ultraderechista Hellín, con que existan los instrumentos legales adecuados; se necesita, sobre todo, el convencimiento por parte de los gobernantes de que ningún motivo puede justificar que un Estado que quiera ser internacionalmente respetado se convierta en refugio de asesinos, estafadores o malversadores de caudales públicos.