Las regiones mineras acuerdan solicitar a la CE 2.000 millones de ECU
ANTONIO NÚÑEZ, Las regiones mineras europeas integradas en el grupo ACOM (Acción para las Comunidades Mineras) han acordado solicitar de la CE 2.000 millones de ecus, unos 240.000 millones de pesetas, a incluir en los presupuestos comunitarios de 1990, para inversiones en infraestructura urbanística, de carreteras, servicios sociales, mejoras de calidad de vida, etcétera, y para la promoción de industrias alternativas al carbón, cuya crisis amenaza despoblar la mayor parte de las zonas mineras antes del año 2000. En España las cuencas más afectadas son las de Asturias y León y, en menor medida, el norte de Palencia y Teruel.
La petición de las comarcas mineras a la CE se formalizó oficialmente el martes en Bruselas, con acuerdos aficionales para sacar a concurso la redacción de un estudio de detalle, país por país y comarca por comarca, sobre el déficit de equipamientos y problemática social de cada región, que llevará el nombre de programa Rechar (Regiones Carboníferas). Para recopilar los primeros datos visitará España entre los días 24 y 31 de julio una comisión de eurodiputados ingleses y belgas, junto con políticos de instituciones regionales y municipales de otros países, entre ellos el alcalde de Limburgo, una ciudad minera ya sometida a reconversión, Jef Gabriels.
Según los dos representantes que participaron por la Diputación de León en la reunión de Bruselas, Graciliano Palomo (PSOE) y Laudino García (IU), el grupo ACOM valoró también positivamente una comunicación de la Comisión Europea de la Energía, en la que se daban por congelados planes de reconversión en la minería del carbón, que, de haber salido adelante, hubieran supuesto la pérdida de 19.000 puestos de trabajo sólo en España, 15.000 de ellos en Asturias y el resto en León, Palencia y Teruel.
Las mismas fuentes aseguraron que el freno a la reconversión, ahora sustituida por problemas puntuales de apoyo a la productividad, sin apenas costes sociales, debe agradecerse a las posturas de los Gobiernos alemán y español, particularmente interesados en no depauperar aún más sus respectivas cuencas mineras de hulla y antracita. Por el contrario, se recrimina al resto de los Estados comunitarios y, sobre todo, a Francia, los intentos de sustituir el carbón autóctono, un mineral considerado hasta ahora como de interés estratégico, por energía de origen nuclear o por importaciones más baratas.
