Los militares potugueses se acogen al secreto de Estado para no declarar en el juicio contra los GAL
El comandante Pedro Serradas Duarte y el teniente coronel Fernando Ramos, ex responsables de los servicios secretos del Ejército portugués (DINFO), se acogieron al secreto de Estado para no declarar en el juicio que se celebra en Lisboa contra cinco miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), acusados de dos atentados contra miembros de ETA en el sur de Francia en febrero de 1986. El juicio contra la trama portuguesa de los GAL se reanudó el viernes ante el Tribunal de Máxima Seguridad de Monsanto, en Lisboa.
El tribunal aceptó en principio los argumentos de los dos militares, pero no descarta la posibilidad de iniciar un trámite procesal para conseguir desbloquear la situación y lograr la declaración de los militares, según se ha asegurado en medios jurídicos.Duarte y Ramos, ex responsables de la DINFO, comparecieron el pasado viernes a última hora de la tarde ante el tribunal de máxima seguridad de Monsanto, para declarar como testigos en el juicio seguido contra los cinco militantes del GAL. Los dos militares se negaron a responder a las preguntas que les formularon los jueces sobre los supuestos vínculos entre la DINFO y el GAL, alegando que las cuestiones planteadas eran un secreto de Estado.
Ramos llegó a asegurar ante el tribunal que una declaración sobre estos temas constituiría una falta grave y recalcó que alguna de las afirmaciones efectuadas por el ex confidente Mario Correira da Cunha, juzgado en este procedimiento, vulneran el obligado sigilo castrense.
Tolerancia provisional
Los magistrados resolvieron provisionalmente la polémica con una providencia, dictada en la misma sala, por la que se aseguraba respetar el silencio de los militares, y que recalca que se trata de una tolerancia provisional -se utilizó la frase "por ahora"-.Con está fórmula procesal los magistrados dejaban abierta la posibilidad de plantear un recurso para desbloquear la cuestión y lograr la declaración de los dos militares. La iniciativa judicial se fundamentaría en el hecho de que en Portugal no existe, desde un punto de vista jurídico, una ley que ampare el secreto de Estado, por lo que la fórmula puede ser utilizada de forma ambigua.
Con esta actitud los dos ex responsables de la DINFO han logrado bloquear uno de los aspectos más complicados y desconocidos de la trama de los GAL en Portugal: sus supuestas vinculaciones con la DINFO. La actitud obstruccionista de los dos militares no es un hecho aislado en esta causa criminal, según se desveló el viernes en el transcurso de los interrogatorios.
El propio Estado Mayor portugués se había negado en dos ocasiones a responder a determinadas preguntas efectuadas por el juez instructor, alegando también razones de Estado. En aquella ocasión, el Ejército devolvió al juez instructor el cuestionario indicándole que las preguntas sobre la DINFO y el GAL debía efectuarlas al primer ministro.
El viernes no compareció en la vista el ex jefe del Estado Mayor del Ejército portugués, general Lemos Ferreira, quien debía testificar sobre diferentes aspectos de los vínculos entre la DINFO y los GAL, dado que Jose Gracio Riveiro, defensor de Mario Correia da Curiha, ha renunciado a interrogarle.
Correia, ex confidente y miembro de los GAL, actuó como reclutador de mercenarios, dos de los cuales, Rogelio Carvalho da Silva y Antonio Ferreira Cisneiros, cuyo defensor es M. Sanchez Osório, declararon el viernes que recibieron apoyo logístico de la policía francesa para atentar contra ETA en 1986.
Política de silencio
Los militares no son los únicos que han colaborado en la política de silencio sobre el GAL en Portugal, según quedó patente durante la declaración de los dos policías que instruyeron el sumario. El inspector Víctor Alexandre aseguró ante los jueces que la investigación se había basado en las declaraciones de los inculpados, pero que no se había trabajado en Francia ni en España porque sus superiores no se lo habían pedido.Ante la supuesta fragilidad de esta investigación policial y el gran número de lagunas e interrogantes pendientes de resolución, el abogado José Gracio Riveiro se permitió aventurar ante el tribunal la posibilidad de que un desconocido, haciéndose pasar por el subcomisario José Amedo Fouce, hubiera usurpado la personalidad del policía y utilizado fraudulentamente su tarjeta de crédito. Habría dejado así una falsa estela de pruebas con el único objetivo de comprometer al funcionario.
El inspector reconoció que la investigación sobre el GAL había sido "precipitada" e "incompleta", pero añadió que no afectaba al fondo de la cuestión. El juicio continuará sus sesiones el próximo 6 de Julio. El tribunal espera dictar sentencia antes del próximo día 15, fecha en que empiezan las vacaciones judiciales.
