Repetición de la jugada

Han pasado ocho años desde la noche en que Yolanda González, de 19 años y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), apareció muerta y con la cara desfigurada en un descampado a tres kilómetros de San Martín de Valdeiglesias (Madrid). El 27 febrero de 1987, uno de sus asesinos, el ultraderechista Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel, se fugó de la prisión de Zamora aprovechando el permiso de seis días concedido por el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid. El pasado viernes le fue concedido idéntico permiso a su otro asesino, Ignacio Abad, condenado a 28 años de prisión.

En todos estos años los padres de Yolanda han tenido contacto con la Administración de justicia sólo una vez. En verano de 1986 fueron citados en un juzgado de Bilbao, donde residen, para "firmar unos papeles". Una vez allí descubrieron que se trataba de firmar una petición de indulto para Emilio Hellín.Lidia Martín, madre de la víctima, confiesa que 1a fuga del asesino fue como volver a matar a Yolanda". "Nos han matado moralmente. Al principio, confiamos en la justicia y estuvimos conformes con la sentencia. Ahora, no tenemos ilusión por nada, ni creemos en la justicia ni en los hombres", dice.

El pasado 6 de septiembre, el abogado Mariano Benítez de Lugo presentó en nombre de los padres de Yolanda una reclamación por daños y perjuicios contra el Ministerio de Justicia por la actuación del juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid en aquella ocasión, Andrés Sánchez. El abogado señala que el juez causante del "daño moral" a los padres es "titular de un servicio público", como es la Justicia, y exige, por tanto, que este Ministerio indemnice a aquéllos con seis millones de pesetas, idéntica cantidad a la que estaba condenado a pagar el fugado.

"Que el Estado responda"

Los padres de Yolanda, obreros con una situación económica modesta, no quieren dinero, sino que "el Estado, como responsable, responda, que la justicia sea de verdad igual para todos y que la humanidad en el trato a los presos sea también igual para todos, porque mientras que unos se escapan otros se suicidan en las cárceles".El juez Andrés Sánchez concedió a Emilio Hellín el permiso de salida contra el criterio unánime de la Junta de Régimen y Administración del centro penitenciario de Zamora, la reiterada oposición del ministerio fiscal y a pesar de los dos intentos de fuga protagonizados por Hellín anteriormente en las cárceles de Alcalá de Henares y Cartagena.

El permiso de seis días concedido a Ignacio Abad por la juez de Vigilancia Penitenciaria, Rosa María Rodríguez, sustituta de Andrés Sánchez, actualmente magistrado de la Audiencia Territorial de Valladolid, también ha sido dado a pesar del criterio desfavorable de la Junta de Régimen de la prisión de Zamora y de la propia Dirección General de Instituciones penitenciarias.

Hoy, Emilio Hellín Moro se encuentra en Chile, según afirman fuentes policiales. Allí trabaja como técnico en una empresa dedicida a la informática. Había disfrutado de tres permisos temporales de salida antes de fugarse de la prisión de Zamora. En esa ocasión viajó en autocar hasta Valladolid y después en un coche alquilado hasta Madrid. Desde la capital de España, y con identidad falsa, cruzó la frontera por Portugal y huyó con destino a Chile, en compañía de su mujer y sus dos hijos. España mantiene en vigor un convenio de extradición con Chile desde 1897.

Sobre los riesgos de evasión que entraña la concesión de permisos a los reclusos condenados, como en estos casos, a penas muy altas, Marlano Benítez de Lugo opina que los presos en España han pasado "de la expectativa del indulto en el franquismo a la expectativa del permiso de nuestros días".