Silencio roto
EL MINISTRO de Cultura ha hecho unas, declaraciones insólitas que chocan con la costumbre de mantener una apariencia de perfección practicada por todos los miembros del Gobierno y los cargos descendentes. Sobre todo, por su fiereza. En ellas hay tres puntos principales: la acusación a su propio director general de Cine, Méndez-Leite, de practicar el amiguismo en el despilfarro de las subvenciones; la calificación de Pilar Miró como ignorante de los límites entre vida pública y privada y su selección, también personal, sobre quiénes pueden o no pueden aparecer por televisión, y la consideración del Plan de Empleo Juvenil como algo fantasmal e inconcreto. Sin entrar en el fondo de estas cuestiones, el quebrantamiento de la ley del silencio que parece envolver a los personajes públicos es un hecho político interesante. Quizá el primero en romper con una de las herencias de la sociología y la psicología del franquismo -"todo va mejor en el mejor de los mundos posibles"-, que permite creer (levemente) en una posible extensión de esta saludable escuela de decir lo que se piensa.El momento en que estas declaraciones se hicieron era serio: en vísperas de la huelga general, cuando uno de los motivos de esa movilización era el supuesto o real Plan de Empleo Juvenil y cuando muchas de las personas que se han sumado a ella lo han hecho por aspectos más políticos que sociológicos, como son precisamente las denuncias de amiguimo o nepotismo, los gastos injustos del presupuesto nacional y una conciencia pública de corrupción ambiente. Semprún venía a refrendar algunos motivos de los huelguistas en el momento en que el Gabinete, los cargos públicos del partido socialista y los asimilados se empleaban en bloque para acreditar un discurso dirigido a quitar pretextos a la huelga. Su falta de resultado ha sido visible, y la sinceridad de Semprún, notable. Paralelamente hay que elogiar el comportamiento de Méndez-Leite al dimitir frente a una ley del cine con la que no estaba de acuerdo. Son comportamientos tan excepcionales que merecen una atención.
Las razones de Semprún para hacer estas declaraciones fuera de las normas pueden ser varias. Se pueden atribuir a su vehemencia, pero vienen después de un silencio de varios meses sobre cualquier cuestión de su departamento, y se producen tras haber tenido el tiempo suficiente como para darse cuenta del remanso obligatorio en que estaba: lo rompe porque quiere. Más sencillamente, se puede decir que cree firmemente en lo que ha dicho y que no ve razones para guardar silencio: no lo guardó cuando discrepaba del partido comunista, y fue expulsado y maldito. Parece fiel a una línea de conducta. Hay también suposiciones de que puede desear dejar un cargo que aceptó sin saber a qué comprometía o que es el Gobierno el que no quiere mantenerle. Esperamos que no sean estas últimas las razones, sino la posibilidad de que se abra una nueva manera de decir la política.
Ahora bien, queda aquí lo que hemos llamado fiereza en las declaraciones. Son acusaciones graves y concretas contra dos personas también concretas. Es difícil pensar que Semprún pueda hacer esas declaraciones como intelectual o como ciudadano y dejar en el guardarropa su abrigo de ministro. Está cubierto por él, y tienen, por tanto, un valor de denuncia que habría de demostrar, puesto que, interpretadas sus palabras en el peor sentido, estaría acusando de delito a dos cargos públicos, que a su vez pueden acusarle a él de calumnia o al menos de injuria. Es algo que debería despejarse, sobre todo por la significación que tiene para la opinión pública y porque podría iniciar un sistema de depuración de quienes administran presupuestos en virtud de un cargo. Hay que recoger el tema, sobre todo por lo insólito y porque abre unas expectativas. No es de suponer que Semprún siga como un hombre solo, como un ministro apendicular -amateur, dicen los que estiman el profesionalismo en la clase política- que terminaría por convertirse en un personaje extravagante. Lo cual está lejos de su personalidad biográfica.
