El Consejo Económico y Social se creará por decreto para que funcione desde 1989
El Consejo Económico y Social será creado este mismo año por decreto con el fin de que pueda empezar a funcionar desde 1989, según anunció ayer el subsecretario de Trabajo, Segismundo Crespo, ante la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, donde ayer terminaron las comparecencias de altos cargos con vistas a aclarar diversas partidas de las cuentas del Estado para el año próximo. También se supo que los gastos ocasionados por la presidencia española de la CE, durante el primer semestre del año próximo, superarán al menos los 2.000 millones de pesetas.
Las preguntas de la oposición parlamentaria a casi 200 altos cargos de la Administración, destinadas a facilitar la redacción de enmiendas particulares al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989 que empezará a debatir el pleno del Congreso el próximo martes, terminaron ayer con la comparecencia de una docena de personalidades que no pudieron acudir a la cita durante las últimas dos semanas.El subsecretario de Trabajo, Segismundo Crespo, al responder a unas dudas sobre el incremento del 32,2% previsto en la dotación para altos cargos de su departamento, contestó que está motivado por la incorporación del presidente, el secretario y otros responsables del Consejo Económico y Social. Dijo que este ente será creado mediante un real decreto que ya ha sido informado favorablemente por el Consejo de Estado, órgano que ha admitido la posibilidad de poner en marcha el Consejo Económico y Social sin necesidad de promulgar una ley anunciada desde que se aprobó la Constitución española.
El Consejo Económico y Social, concebido como un órgano de consulta y asesoramiento de la Administración, empezará a funcionar provisionalmente en unos locales arrendados. Por este motivo, los gastos de arrendamiento del Ministerio de Trabajo pasarán de 593 a 681 millones de pesetas en 1989.
Hay otra dotación presupuestaria para iniciar las obras de acomodación de la sede definitiva del Consejo Económico y Social, que se asentará en la antigua sede central de la organización sindical verticalista, en la calle de las Huertas de Madrid. Pero las obras no van a terminarse antes de dos años. Desde que se aprobó la Constitución se ha demorado reiteradamente la constitución del Consejo y se ha discutido, sin llegar a un acuerdo entre los interlocutores sociales, tanto las funciones que tendrá como su composición, y en concreto si se sentarán junto a representaciones de los sindicatos y de la patronal representantes del Gobierno e incluso de otros interlocutores sociales, como las organizaciones de consumidores.
La oposición se interesó especialmente por aclarar algunos ingresos y gastos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que tiene invertidos unos 20.000 millones de pesetas en la compra de obligaciones y bonos del Estado y proyecta dedicar 300 millones el año próximo a contratos con empresas de asesoramiento.
Empresas en crisis
Segismundo Crespo explicó que tales inversiones son realizadas por el Banco de España para obtener rendimientos al superávit del Fogasa, y dijo que los 300 millones se destinarán a empresas para ayudar a recuperar los activos de compañías declaradas en crisis y que han dejado de pagar salarios a sus trabajadores. Apuntó que en 1989 se piensa recaudar por este concepto 8.000 millones de pesetas, el triple que en los últimos años, gracias a la ayuda de las empresas que se contraten. También señaló que la inspección de Trabajo prevé elevar su recaudación en la lucha contra el fraude desde 50.000 millones de pesetas hasta 70.000 millones.Pedro Solbes, secretario de Estado para las Relaciones con la Comunidad Europea, contestó que la presidencia española de la CE originará unos gastos superiores a los 2.000 millones de pesetas, aunque éstos son muy difíciles de cuantificar, pues en gran parte se destinarán a acondicionar locales o a comprar equipos que podrán tener otras aplicaciones en el futuro. La principal partida, superior a los 1.000 millones, se dedicará a acondicionar el Palacio de Congresos de Madrid. Igualmente, los gastos de cooperación política ascenderán a más de 650 millones de pesetas.
También durante el último día de comparecencia de altos cargos se anunció que el Ministerio de Economía y Hacienda proyecta enviar al Gobierno y a las Cortes antes de la primavera próxima una reforma de la ley del Fondo de Compensación Interterritorial, y que la subsecretaría del Ministerio del Portavoz del Gobierno gastará unos 100 millones de pesetas en informática para crear un banco de datos. El director del Centro de Investigaciones Sociológicas replicó a las quejas del CDS sobre la utilización de los sondeos expresando la voluntad de cooperar con las administraciones periféricas y de dar acceso público a los resultados de los sondeos en un plazo de tres meses, que juzgó como el mínimo necesario para que tales trabajos tengan un cierto rigor.
