Los jueces del 'caso el Nani' esperan sentenciar en agosto
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid dejó visto para sentencia, a las 13.53 de ayer, el juicio por la desaparición de Santiago Corella, el Nani. El tribunal espera hacer público su fallo, que será comunicado simultáneamente a las partes y a los medios de comunicación, a mediados del próximo mes de agosto, según las estimaciones de los propios magistrados. La vista oral de la causa, que se inició el pasado 13 de abril, ha ocupado un total de 82 sesiones. La transcripción íntegra de estas jornadas, registradas en más de 200 cintas magnetofónicas, ocupa cerca de 8.000 folios.
Fuentes jurídicas consideran que la sentencia que el tribunal dicte sobre esta causa influirá decisivamente en los otros procesos en que se encuentran presuntamente implicados varios de los policías acusados, así como otros agentes. Entre estos casos se hallan el juicio de la mafia policial que comenzará en la Audiencia de Santander el próximo 7 de noviembre, y dos sumarios actual mente en fase de instrucción en referencia a la muerte de cuatro delincuentes comunes. Durante los más de tres meses y medio de vista, el tribunal, integrado por los magistrados Salvador Domínguez, José Antonio Nodal de la Torre y José Luis Durán Berrocal, ha conocido las declaraciones de cerca de un centenar de testigos -la mayoría de ellos, miembros de la policía- y el peritaje de 18 expertos, entre médicos y calígrafos.
El desarrollo del juicio se ha basado, casi exclusivamente, en un enfrentamiento de testimonios favorables o contrarios a los siete agentes del banquillo. El fiscal y los letrados de la acusación y las defensas estiman, no obstante, que han dejado fehaciente mente probada la culpabilidad, en un caso, y la inocencia, en el otro, de los encausados.
Testimonios de especial relevancia fueron los de Angel Manzano, amigo del Nani detenido con éste el 12 de noviembre de 1983 y supuestamente torturado en las dependencias policiales, y de Luis Miguel Rodríguez Pueyo, compinche en varios delitos del aristócrata Jaime Messía Figueroa.
La declaración de Manzano sobre los malos tratos que presuntarnente le fueron inflingidos creó expectación en una sala abarrotada ese día. El testimonio de Rodríguez Pueyo obligó al tribunal a ordenar a la Guardia Civil el rastreo de tres pantanos de Andalucía en busca del cadáver de un hombre, e inculpó al inspector José Antonio Bédmar Vallesca, ex escolta de Felipe González, de dirigir los interrogatorios que, según su versión, lleva ron al Nani a la muerte.
También hubo declaraciones decepcionantes, como las del joyero santanderino Federico Venero o las del jefe de la brigada anticorrupción, el subcomisarlo José García. Este último, por no decir, llegó a declarar que su departamento no había investigado el caso el Nani. El joyero y confidente, cuyas declaraciones judiciales originaron la investigación de una supuesta trama delictiva formada por policías, se desinfló en un careo ante el tribunal con el principal de los procesados, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez.
Por diferentes razones no comparecieron en la vista oral diversos testigos cuyas manifestaciones podrían haber aclarado muchos de los puntos oscuros del caso, en especial los delincuentes Ezequiel Gutiérrez Echevarría, socio de Corella en diversos atracos, y el aristócrata Jaime Messía Figueroa, relacionado en casi todos los sumarios que inculpan a los agentes del Nani. Ambos descansan en tierras latinoamericanas tras huir de la Justicia española.
Si la suerte de Santiago Corella no ha quedado clara tras las 82 sesiones, el juicio sí ha servido, en cambio, para despejar cualquier duda sobre la aplicación sistemática a delincuentes comunes de una legislación excepcional, como es la antiterrorista. Una práctica que la policía realizaba, bajo la dirección, o al menos con la anuencia, de los responsables políticos del Ministerio del Interior.
Autorizar o confirmar
La aplicación de la ley antiterrorista a delincuentes comunes fue explicada machaconamente por los procesados -el comisario Fernández Álvarez llegó a declarar que le felicitaron numerosas veces por tal uso- y reiterada en los testimonios de otros policías.
La cúpula de Interior -José Barrionuevo, Rafael Vera, José María Rodríguez Colorado- se amparó en su testimonio en la distinción semántica entre autorizar la aplicación de la ley o confirmarla. Los responsables del departamento aseguraron que Interior sólo confirmaba la aplicación de una medida ya tomada por los agentes, mientras que éstos insistieron en que siempre esperaban la autorización pertinente del ministerio.
La importancia de la jerarquía en el trabajo policial se ha visto también reflejada en el juicio, a lo largo del cual el comisario Fernández Álvarez se ha convertido en la cabeza visible del grupo de procesados. La opinión del comisario ha sido la determinante en los cambios de impresiones mantenidos por los otros seis encausados en el pasillo de calabozos. Incluso, el desarrollo de la causa, según varios de los abogados participantes, habría sido muy distinto si el orden de intervención de los procesados hubiese sido el inverso. El tribunal aceptó la petición de la defensa del comisario de que éste fuera el primero de los procesados en declarar. La acusación cree que si el orden de intervención hubiese sido de menor a mayor petición de condena, "las cosas habrían sido muy distintas".
