La Administración pide a los rectores que se pronuncien sobre los concursos de méritos
El pleno del Consejo de Universidades que se celebrará el próximo 2 de febrero tendrá que pronunciarse sobre el funcionamiento de los concursos de méritos para el acceso a plazas docentes de las universidades. El Ministerio de Educación ha pedido expresamente la inclusión de este asunto en el orden del día de la reunión.
Fuentes ministeriales han expresado la preocupación del titular del departamento, José María Maravall, y de su equipo, de gobierno por la cruda polémica desatada a raíz de recientes concursos de méritos resueltos con decisiones que han sido fuertemente criticadas, casi siempre a título personal, por miembros de las comunidades universitarias, pero sin que las universidades se hayan pronunciado institucional y oficialmente al respecto.Las citadas fuentes han señalado que el Ministerio desea que el máximo órgano representativo de la Universidad, del que forman parte los rectores de todas las universidades públicas, abra en su seno un debate sobre las constantes acusaciones que se producen sobre numerosos casos de clientelismo, amiguismo o endogamia en la resolución de los concursos de méritos. Acusaciones, que, a juicio de la Administración, "ponen en cuestión uno de los principios fundamentales de la autonomía universitaria, cual es el de la plena capacidad de las universidades para seleccionar a su profesorado".
En este sentido, las fuentes oficiales afirmaron: "No es la Administración la que debe responder a estas acusaciortes, ni le corresponden tampoco las eventuales soluciones que la propia Universidad tendría que arbitrar para corregir las desviaciones que se pudieran estar produciendo en la aplicación de lo que la LRU establece para la selección de su personal docente".
En los antiguos tribunales de oposiciones, el peso de la Administración era casi absoluto, mientras las actuales comisiones de evaluación están compuestas por cinco miembros, tres de los cuales han de ser designados por sorteo entre profesores de universidades distintas a la que convoca la plaza y dos por la universidad convocante. Con esta composición el legislador pretendía precisamente evitar que el candidato de la casa gozara de todas las ventajas.
El 'caso Lledó'
La mayor parte de las críticas, surgidas a partir de los llamados casos Lledó y Cencillo, coinciden en señalar que el escándalo motivado por el hecho de que estos dos prestigiosos profesores no obtuvieran las plazas a que aspiraban frente a candidatos supuestamente menos merecedores no es sino el estallido público de un mal generalizado.En donde no se produce tanta coincidencia entre los críticos es en el análisis de las causas de los problemas ni en sus posibles soluciones. Mientras algunos parecen reconocer la incapacidad de la comunidad universitaria para hacer un buen uso de su autonomía, otros culpan de las deficiencias a la propia ley. Tal es la opinión de la Federación de Asociaciones de Catedráticos de Un¡versidad (FACU), para la cual la actual regulación de las comisiones de evaluación, a la que ha bautizado como "sistema Maravall", es "intrínsecamente perversa". La FACU dice que diche, sistema fomenta la arbitrariedad, el amiguismo y el favoritismo, al tiempo que asegura que en el llamado caso Lledó no se ha producido ninguna manipulación.
