El Ayuntamiento de Granada, estudia impugnar el pago al ex director de la caja
El Ayuntamiento de Granada estudia impugnar ante los tribunales la indemnización de 70 millones de pesetas que corresponde, según contrato, al director de la Caja General de Ahorros de la ciudad, Julio Abad, que el lunes presentó su dimisión. La candidatura alternativa a la presidencia de la caja, apoyada por el PSOE, asegura que la indemnización vulnera el real decreto de fecha 1 de agosto de 1985, que regula la relación laboral del personal de alta dirección. Todos los grupos políticos municipales -PSOE, AP, CDS e IU- consideran "inadmisible" el cobro de la cantidad.Según ese decreto, la extinción voluntaria del contrato deberá comunicarse con una antelación mínima de tres meses, y el derecho a indemnización sólo es factible en los casos de modificación de las condiciones de trabajo cuando haya retraso, en el cobro del salario pactado, por incmplimento grave de las obligaciones contractuales o por cambio de la titularidad de la empresa que tenga por efecto la renovación de sus órganos rectores. El último supuesto parece el más probable a que se acoja el director de la caja para cobrar la indemnización. Sin embargo, el texto especifica que, para el cobro de indemnización por cambio en la titularidad de la empresa, la extinción del contrato debe producirse "dentro de los tres meses siguientes a la producción de tales cambios". El proceso renovador de los órganos de gobierno de la caja granadina se encuentra paralizado debido a "resoluciones judiciales firmes", según la dirección actual.
Grupos políticos
De otro lado, todos los grupos políticos municipales han suscrito un comunicado en el que califican de "inadmisible" el cobro de la indemnización, y manifiestan "extrañeza porque la caja haya dotado con 900 millones de pesetas" a la empresa de seguros Universal Compañía, SA (Ucisa), para que sirva de refugio económico al director general ahora dimitido".La Caja General de Ahorros ha negado que el consejo autorizara el pasado lunes ampliación de la participación en Ucisa en 300 millones de pesetas. Según un comunicado, el consejo autorizó la venta de la mitad de las acciones, por valor de 300 millones, aunque no se especifica quién es el comprador. Sobre la indemnización, la caja cree que es legítima al amparo del decreto antes citado.
