Exteriores mantiene aún en la embajada en Malabo al funcionario al que acusa de corrupción

Gabriel Abad, oficial mayor de la Oficina para la Cooperación con Guinea en Malabo, continúa en su despacho de la embajada española dos meses después de que un informe de la inspección del Ministerio de Asuntos Exteriores le acusara de numerosas irregularidades económicas. Abad cesó el pasado 31 de agosto por "no haber reintegrado nunca al Tesoro los importes ingresados por diferencias de cambio, al justificado el destino dado a dichas diferencias".

Esta demora en la sustitución del oficial mayor contrasta con la celeridad con que fue destituido José María Rodríguez Cerdón, oficial mayor del Ministerio de Asuntos Exteriores que cesó el pasado junio por supuesta aceptación de comisiones ilegales en la compra de material de alta tecnología. El relato de aquellos hechos fue remitido por el departamento a la Fiscalía General del Estado.Fuentes oficiales del ministerio explicaron ayer que Gabriel Abad continúa en Malabo "terminando de tramitar los expedientes que tenía pendientes", en comisión de servicios. Estos informantes consideran "normal" que tras dos meses desde su relevo siga tramitando expedientes; que pueden estar relacionados con las acusaciones de las que es objeto.

Abad viajará el sábado a Madrid -en el vuelo semanal de Iberia- para tratar con la Oficina de Cooperación de cómo va precisamente la tramitación de dichos expedientes. "Luego puede volver de nuevo a Malabo para continuar su trabajo pendiente o no", añadieron en Exteriores.

Gabriel Abad, de unos 58 años, pelo cano, bigote y un reloj Rolex de acero y oro en la muñeca, declaró ayer en Malabo que no ha recibido comunicación alguna sobre los hechos que se le imputan. "No tengo ningún papel ni comunicación de cese. Por tanto, sigo trabajando normalmente como desde hace ocho años".

Sin directrices

Los abusos y presuntas corrupcicines en Guinea parten, según cooperantes españoles, de la ausencia de directrices políticas claras del Gobierno con respecto a esta ex colonia.

Patricio Aguirre de Cárcer, qwue desde que se ausentó el embajador, a finales de septiembre, es el máximo responsable de la misión diplomática española, señala: "Simplemente Madrid nos contesta sí o no a nuestras iniciativas".

El fracaso de la cooperación española que llegó en 1979 a Guinea Ecuatorial -20.000 millones de pesetas desde entonces y unos 230 cooperantes- tiene el otro lado de la moneda en el aparente éxito de Francia, que con la mitad de cooperantes y en la mitad de tiempo ha conseguido el control de tres áreas claves de influencia: la energía, la economía y las telecomunicaciones.

"Francia no le ha quitado nada a España, simplemente se ha puesto a trabajar en los vacíos que España no ha sabido llenar". Así se expresaba un español que llegó a Malabo con la instauración del Gobierno de Teodoro Obiang Nguema.

Las actividades de los cooperantes hoy puestas en duda como abusivas son públicas en la colonia española de este país desde hace años. "Todos sabíamos que los cooperantes en la embajada cambiaban las pesetas convertibles que llegaban desde España a precio del mercado negro", afirma un antiguo empresario. También se asegura que los cooperantes vendieron a un empresario privado el excedente de un contenedor de tabaco y licor.

"Así es lógico que los guineanos prefieran a los franceses, aunque a cambio tengan que pagar algo", indica un cooperante. De todas las áreas de cooperación: educación, sanidad, radiotelevisión, aviación civil, militar y comunicaciones, sólo son reconocidas como productivas por la población las dos primeras, a cargo de religiosos, monjas y médicos.

La mentalidad funcionarial de los cooperantes, que cobran unos sueldos de entre las 300.000 y 500.000 pesetas -aunque en algunos casos contados llegan a las 800.000 pesetas-, ha sido otro de los motivos para llegar a la desidia en el campo de la cooperación española. "Nadie se arriesga a perder un sueldo tan sensacional por imponer su criterio", dice un español que reside en Guinea.

A pesar de que estos sueldos no resultan precisamente bajos, en muchos casos son susceptibles de aumentos a base de pluses que podrían incurrir en la ilegalidad, según consta en un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para otros españoles resídentes, la noticia de la presunta corrupción no es más que una justificación antes de que España decida salir de ese país.