Las verdades oficiales
Ante las críticas que las posiciones defendidas por las centrales sindicales en la concertación social han despertado en el Gobierno y en la patronal, el autor afirma que los sindicatos no pueden renunciar a buscar espacios de concertación con los empresarios privados y públicos ni con el Gobierno, ni retirar de su agenda las cuestiones esenciales que ha propuesto como materia de negociación. Y asegura que los sindicatos están interesados en evitar la dramatización que se pretende hacer del ejercicio de la libertad sindical y el intento de descalificarlos presentándolos como corporativos e irresponsables.En menos de seis meses, en este país se ha pasado de culpabilizar a los sindicatos de casi todo por pedir demasiado a recriminarles, con cariño y conmiseración, el que pidan demasiado poco. Triste destino el suyo: hagan lo que hagan, siempre están condenados a equivocarse. Ya decía Lenin que los obreros y sus organizaciones sindicales, dejados a sus limitadas capacidades, sólo articulaban demandas parciales y economicistas. Por ello se inventó la vanguardia del proletariado primero, y el sindicalismo de Estado más tarde, para evitar que los obreros se equivocasen.
Pero al margen de esta digresión puramente gratuita y extemporánea, lo cierto es que para fijar la imagen de unos sindicatos montaraces y anticuados no pocas veces se recurre a la distorsión de la verdad y al abuso del sofisma. Precisamente a tratar de poner en cuestión alguna de esas verdades oficiales, que tanto están contribuyendo a confundir el debate sobre la concertación, quiero dedicar este artículo.
Así, por ejemplo, en la pasada Primavera, las organizaciones sindicales fueron puestas en la picota por plantear una subida salarial que hoy, sin duda, se puede calificar de moderada y, desde luego, inferior a la media comunitaria. Se pronosticaron todo tipo de desastres económicos derivados de las demandas sindicales.
Sin embargo, ninguno de los apocalípticos augurios oficiales de entonces se cumplió: la inflación bajó y la economía creció mucho más de lo esperado. Ni siquiera se acertó en la valoración de los riesgos de conflictividad que el "en torno al tope salarial" entrañaba. No hubo "fuegos de artificio", como había catalogado el ministro de Economía las advertencias sindicales, sino una conflictividad real en el sector público, como, por otra parte, siempre sucede cuando se intentan imponer topes salariales. De ello se derivaron costes sociales y políticos nada desdeñables.
Se han elaborado diversas explicaciones oficiales al respecto. Según las mismas, la conflictividad generada era debida a alguna de estas causas o al conjunto de ellas: a) corporativismo de los trabajadores del sector público; b) causas políticas (agitación comunista); c) "cambio de modelo" sindical de la Unión General de Trabajadores, que de concertadora estaba pasando a contestadora.
Naturalmente, la versión oficial no adjudica la menor responsabilidad al empecinamiento del Gobierno en tratar de imponer un tope salarial. Es más, a posteriori se puso en circulación una curiosa racionalización: los salarios han crecido lo que han crecido, se venía a decir, gracias a la posición firme del Gobierno, al papel de malo que jugó, porque de no haber sido así hubiesen crecido mucho más.
Una operación táctica
En resumidas cuentas, nos encontraríamos ante una gran operación táctica, perfectamente calculada, que ha conducido a crecimientos salariales bastante correctos. El más obvio de los datos no aparece, sin embargo, por ninguna parte en la verdad oficial, y es que los salarios han crecido este año cerca del 7% probablemente porque los sindicatos han reivindicado esa cifra y no, por ejemplo, el 10%.
A algunos puede que les cueste aceptar que los sindicatos son responsables en sus reivindicaciones, pero es así.
Sigamos con los ejemplos. A la vuelta del verano los sindicatos plantearon dudas respecto a la pretensión gubernamental de alcanzar a final del próximo año un 3% de inflación, pretensión que calificaron de irreal.
Al margen de si era o no acertado el criterio sindical, basado -en el caso de UGT- en la opinión de conocidos economistas que consideraban no sólo más realista, sino mejor, una desaceleración más gradual de la inflación, por razones que no podemos enumerar aquí, ¿cuál fue la reacción del Gobierno a la opinión sindical? Dar a entender que los sindicatos, con tal de crear dificultades, querían subir la inflación sin tener en cuenta que con ello a quien más se perjudicaba era a las rentas más bajas, a los colectivos con menor, capacidad de presión.
"¿A quién puede interesar que suba la inflación?", se preguntaba el portavoz del Gobierno. La respuesta, naturalmente, es que sólo a algunos especuladores. Lo que pasa es que ésa no es la buena pregunta, sino esta otra: ¿quién resarce a los pensionistas, a los funcionarios, a los parados subsidiados, a los trabajadores sujetos al salario mínimo, a los trabajadores sin cláusula de revisión en el convenio, es decir, a muchos millones de personas, si la previsión de inflación se modifica al alza en enero o simplemente no se cumple? Y la respuesta es: nadie.
Por eso tiene sentido la preocupación sindical por una previsión ajustada de la inflación y no un simple "efecto anuncio"; por eso tiene también sentido la exigencia, siempre rechazada, de cláusulas de garantía para esos colectivos. Quizá también por eso, entre otras cosas, tenga sentido la existencia de sindicatos "corporativo-oligopólicos": para defender a los más pobres de la solidaridad de algún defensor de oficio.
Por otra parte, es posible que dos ciudadanos de cada tres que ven y oyen la televisión estén convencidos de que el Gobierno va a incrementar este año en un punto el poder adquisitivo del conjunto de pensiones y retribuciones de funcionarios.
Tiene mérito si es así, porque el Gobierno nunca ha afirmado tal cosa, aunque sin duda ha hecho todo lo posible porque así se interprete lo que ha dicho, a saber: que pensiones y retribuciones subirán un punto más que la previsión de inflación, es decir, el 4%, y por otro lado, que la inflación media anual será también del 4%. Es decir, que con las subidas gubernamentales ni se gana ni se pierde, se empata. Claro.
No menor confusión e inquietud se ha creado en la opinión pública, o al menos en la conciencia de muchos afiliados del sindicato al que pertenezco, cuando, casi con las mismas palabras, voces empresariales y ministeriales han asegurado que si no había corresponsabilidad con el cuadro macroeconómico del Gobierno no podía hablarse de concertación, y que de hecho, al no aceptar este modelo de negociación, los sindicatos rechazaban aquélla.
El sufrido militante de base se enteró de golpe de que desde 1979 su organización no había practicado una política de concertación, sino de diálogo social, ya que repasaba el ABI, el AMI -uno y dos-, el ANE, el AI, el AES... y nada, la famosa corre spon sabilidad no aparecía por ninguna parte.
La última verdad oficial
En fin, la última verdad oficial puesta en circulación es ésa según la cual el bobierno daba más de lo que pedían los sindicatos (se cuenta que al cerrarse los presupuestos alguien dijo a alguien: ¡les hemos trincao!). Para que tal aseveración fuera verdad habría que aceptar, en primer lugar, que el sindicato consideraba la subida salarial que ha propuesto como alternativa de la reducción impositiva. Tal afirmaciór- nunca se ha planteado.
En segundo lugar, sería necesario que ambas cuestiones fueran equivalentes y adicionables. Pero ello no es así sobre todo para millones de pensionistas y miles de funcionarios cuyas bajas rentas no se verán afectadas realmente por la modificación del impuesto.
Es en el terreno de los principios, sin embargo, donde la cuestión resulta más discutible. En efecto, apostar por un mayor protagonismo del consumo individual en detrimento del salario social es lo contrario a lo que se decía que había que hacer, y, en términos antiguos, supondría una filosofía más liberal que socialdemócrata. Ello se compadece mal, como diría un amigo, con la javeana reivindicación de un mayor Estado social.
Por otra parte, será preciso matizar la afirmación de que la reducción del impuesto está hecha para favorecer a los contribuyentes de rentas más bajas si se confirma que, por ejemplo, a un obrero que gane 1,5 millones de pesetas anuales se le puede reducir en 40.000 pesetas su carga impositiva, mientras que para un aliado de clase media que gane 12 millones anuales, la reducción sobrepasa las 400.000. De todas formas, el sofisma que me parece más peligroso es aquel que pretende crear la teoría de que si no hay concertación total tiene que haber confrontación total. Esta incitación a la polarización de las relaciones laborales hay que rechazarla con toda energía.
El sindicato no puede renunciar a buscar espacios de concertación con los empresarios privados y públicos ni con el Gobierno, como tampoco retirar de su agenda las cuestiones esenciales que ha propuesto como materia de negociación. Poco a poco irán ganando terreno las ofertas sindicales.
Pero, sobre todo, son los propios sindicatos los primeros interesados en evitar la dramatización que se pretende hacer del ejercicio de la libertad sindical y el intento de descalificarlos presentándolos como corporativos e irresponsables.
Contra los agoreros podemos afirmar que si en este país ha habido grandes pactos en los que hemos estado un mes de acuerdo y once peleándonos sobre su aplicación, es posible también lo contrario: un mes de desacuerdo y el resto de fructíferos acuerdos y negociaciones.
José María Zufiaur es miembro de la ejecutiva confederal de UGT y vicepresidente del Comité Económico y Social de la CE.
