Los gastos sociales de las Administraciones públicas disminuyen su peso sobre la actividad económica

Los gastos sociales de las Administraciones públicas redujeron en 1986 su peso sobre el conjunto de la actividad económica, aunque parecen haber aumentado los colectivos que se benefician de ellos: pensionistas, parados y pobres de solemnidad. Informes de la Administración y del Banco de España coinciden en que el déficit público fue contenido por el aumento de la presión fiscal, y por el descenso de dichas prestaciones económicas y sanitarias. En 1985 representaron un 14,9% del producto interior bruto (PIB), y el pasado año bajaron al 14,6%, caída equivalente a 107.000 millones.

La reducción del peso de las prestaciones sociales ha tenido lugar en las Administraciones centrales, no en las perfiféricas. El Estado y la Seguridad Social dedicaron en 1986 a esta finalidad 4.567.900 millones de pesetas, de forma que redujeron su peso sobre el PIB desde el 14,6% al 14,3%, según el Ministerio de Economía y el Banco de España. Ayuntamientos y comunidades autónomas mantuvieron su contribución de 0,3 puntos: 107.700 millones de pesetas.Las prestaciones sociales han sido desde principios de la crisis económica y de la transición política uno de los principales factores del aumento del gasto público en España, como consecuencia de los bajos niveles comparativos que tenían hasta entonces y de las mayores demandas sociales derivadas del fuerte crecimiento de los parados y de los pensionistas. Todavía en 1986, en número de los demandantes de empleo registrados por el Ministerio de Trabajo aumentó en un promedio de 116.000 personas (hasta 2,75 millones), sin contar a los eventuales agrícolas que gozan de subsidio. Las pensiones de la Seguridad Social se incrementaron en otras 150.000 (hasta 5,46 millones). Las pensiones asistenciales dirigidas a ancianos, enfermos, inválidos o incapacitados que carecen de otros recursos disminuyeron en 10.000 (hasta 334.633), pero su cuantía media subió desde las 11.000 pesetas mensuales de finales de 1985 a las 14.000 pesetas.

Primeros retrocesos

El primer frenazo en el avance de las prestaciones respecto a la riqueza nacional llegó en 1983, cuando bajaron desde el 15,2% del PIB hasta el 15,1%. Un año después, la caída, según estimaciones del Banco de España, llegó hasta el 14,4%. Si por esas fechas la reducción pareció relacionada con la reforma del subsidio de paro y casi fue compensada por la mejora observada durante 1985, en 1986 los informes del banco emisor y de Economía la atribuyen a que 1986 fue el primer año completo de entrada en vigor de la nueva ley de pensiones.

Los datos muestran así que las prestaciones sociales han perdido fuerza como factor de redistribución de la renta, cuyo reparto inicial entre los agentes económicos ha favorecido en los últimos años al ajuste de las empresas, en detrimento de las remuneraciones de los asalariados. Esto ha continuado en 1986 a pesar de que la renta nacional se engrosó 1,3%. sólo por la caída del dólar, del petróleo y del precio de las importaciones.

Algo más de las dos terceras partes de este incremento, según los informes de Economía y del Banco de España, fueron a parar al fisco, cuyos recursos totales crecieron 1,4 puntos sobre el PIB. Pero los gastos aumentaron 0,4 puntos. De ahí que el déficit se redujera oficialmente en un punto, desde el 6,7% al 5,7% del PIB, aunque cabe recordar que para 1985 se había anunciado hasta ahora un 6,2%.

Al comentar el cuadro adjunto en su último informe anual, el Banco de España dice: "Mientras la política fiscal se caracterizó en 1985 por un incremento de la presión fiscal relativamente menor que en 1986, por una contención del consumo público en favor de la inversión y por un crecimiento acelerado de las prestaciones sociales, en 1986 se acentuó el crecimiento de la presión fiscal, se elevó el consumo público a costa de la inversión y se redujo el ritmo de avance de las prestaciones sociales".

Según la Comunidad Europea, los gastos en protección social -concepto que suma a las citadas prestaciones algunas otras privadas- pasaron en España desde el 11,7% del PIB en 1,975 hasta el 16,1% en 1980, mientras en el conjunto de los países comunitarios eran del 24,7% del PIB y aumentaron hasta el 25,8%.