Un conflicto clarificador

B. DE LA C. La huelga convocada para ayer y hoy por los sindicatos de funcionarios de la Administración de justicia servirá para conocer con mayor exactitud que hasta ahora las necesidades verdaderas de juzgados y tribunales. En el origen del conflicto se encuentra el deseo de clarificar cuáles son las funciones que tiene que desempeñar cada categoría de funcionarios. Esta reivindicación es legítima, tanto como la sospecha de por qué se mantuvo en letargo durante los largos años de corruptelas en trance de erradicar.

El Ministerio de Justicia ha difundido los sueldos de estos funcionarios y ha estimado que las reivindicaciones económicas suponen aumentos del 80% y del 100% de las retribuciones actuales, imposibles de satisfacer en una situación de paro y subempleo como la que se padece. Ha omitido, sin embargo, que durante los largos años en que los funcionarios judiciales callaron, la Administración fue incapaz de estructurar los cometidos de cada cual y organizar el trabajo respectivo.

No es suficiente destacar de aquella etapa que el edificio madrileño de los juzgados era conocido como plaza de la astilla [percepción económica irregular], en el que con frecuencia se difundía que había tocado la lotería, a fin de justificar determinados gastos. Por una u otra razón, a gusto o a disgusto, los funcionarios judiciales realizaron durante mucho tiempo funciones que no les correspondían. Los auxiliares sustituyeron a los oficiales; los oficiales a los secretarios y ambos, a veces, a los propios jueces.

La Administración no evaluó las necesidades de cada puesto ni dotó de los suficientes medios humanos a los juzgados y tribunales. Asimismo, la presión de la sociedad y de los sectores más honrados de las profesiones jurídicas y del propio funcionariado impulsaron la erradicación de las corruptelas. Entre las virtualidades de esta decisión figura la de que indirectamente servirá para clarificar quién es quién en la Administración de justicia y para que, tal vez, se obre en consecuencia.