Un aviso en Tarragona

EL ATENTADO contra la refinería de Tarragona revela que ETA ha decidido abrir un nuevo frente: golpear objetivos susceptibles de crear unos niveles de terror colectivo muy superiores a los que crean sus asesinatos individuales o los golpes de mano veraniegos en las zonas turísticas. Quienes tuvieron que abandonar sus casas en plena noche, en medio de deflagraciones, fuego y una intensa humareda, llevaban sin duda en la mente el temor a que el atentado en las instalaciones de Enpetrol desencadenase a continuación un rosario de explosiones en los depósitos de productos químicos de alta peligrosidad allá existentes, con unas repercusiones todavía más dramáticas. Todo esto hace pensar, situados en un país que tiene diversos centros neurálgicos de este tipo, así como centrales donde se trabaja con energía nuclear, que ETA está elevando su propio listón respecto a la utilización del terror colectivo como arma estratégica.El atentado y las posteriores confesiones de los responsables policiales ponen de manifiesto la palpable indefensión en que se encontraba el gran complejo tarraconense de industrias petroquímicas y de química de base, y, por extensión, la situación de las otras instalaciones de estas características que existen en España. ETA ha paralizado, aparentemente sin mayor esfuerzo, el primer centro petroquímico español. Ningún sistema de vigilancia detectó la presencia de las bombas en el complejo. Lógicamente, debe reforzarse el dispositivo de seguridad de estos polvorines en potencia. Si ante este atentado, que sitúa en el punto de mira de las acciones de ETA a otros complejos como el químico de Huelva, el petroquímico de Algeciras o las instalaciones de Santa Cruz de Tenerife, todos ellos próximos a centros urbanos, cabe esgrimir -aunque con un valor escasarnente atenuante- el factor sorpresa, a partir de ahora sería una auténtica terneridad pública no adoptar rnedidas rigurosas de prevención.

Pero el atentado de Tarragona pone asimismo de manifiesto el grave vacío legal que existe en nuestro país respecto al control de las industrias peligrosas, por un retraso en la adecuación de la llamada Directiva de Seveso, promulgada por la Comunidad Europea en 1982, después de la catástrofe originada en aquella ciudad italiana. La legislación española no dispone aún de una normativa que obligue a las industrias que trabajan con sustancias de alto riesgo a informar exhaustivarriente a las autoridades acerca de los productos que manipulan. Ninguna norma obliga tampoco a elaborar, en función de ese inventaro, un doble plan de emergencia -interior y exterior- para casos de accidente. Si bien es cierto que las empresas tienen dispositivos para actuar en caso de emergencia -el control del siniestro de la refinería de Eripetrol, donde no se produjeron nuevas explosiones por el efecto de simpatía, es un ejemplo de ello-, no lo es menos que la población civil está hoy indefensa ante una eventual catástrofe. Una gran parte de las 140.000 personas que viven en el área de influencia del complejo petroquímico salió la noche del atentado a la calle, presa del pánico, sin haber sido aleccionada sobre lo que tenía que hacer en un caso así.

Urge, pues, que el Gobierno tramite con celeridad su anunciado decreto sobre la prevención de accidentes mayores en actividades industriales consideradas de alto riesgo, con el objetivo de cubrir por lo menos el vacío legal existente y homologar nuestros niveles cautelares con los existentes en el resto de la Comunidad.

Hay que precisar que en el caso de Tarragona -así como en las instalaciones de Huelva- en teoría ya estaba vigente, con carácter experimental, un plan de emergencia y seguridad, pero apenas ha servido para nada. Este plan aún carece incluso de previsiones sobre cómo alertar a la población en un caso de siniestro. El real decreto, una vez aprobado -tras este atentado, presumiblemente se firmará este mismo verano-, tardará, con todo, unos dos años en homologamos con el resto de la Europa comunitaria.