Un ajuste tan costoso como estéril

Se ha dilapidado el sacrificio de los más para el beneficio de los menos. Lejos de entrar en la senda de la expansión, se nos reproduce otro período de ajuste diseñado con parámetros muy similares al anterior: reducción de los salarios, gasto público contractivo en inversiones generadoras de empleo y en sistema público de protección social, nueva fase de desmantelamiento industrial tras el fracaso de la primera, con el 85% de los trabajadores excedentes sin recolocar y que nos aleja de la auténtica y necesaria reconversión-reindustrialización, y mayor regresividad fiscal mediante el aumento de un 21,7% de los impuestos indirectos por un 11,5% de los directos.Además se echa más leña al fuego de la flexibilización del mercado laboral, con las dichosas 27 medidas, que servirán para quemar miles de empleos cuando de las lamentaciones por el déficit comercial con la Comunidad Económica Europea (CEE) generado en los dos primeros años de integración se pase a querer compensarlo aligerando plantillas.

De nuestra escasa competitividad no se puede culpar a los costes laborales. Tanto si comparamos los adicionales (cotización a la Seguridad Social incluida) como si comparamos los costes laborales totales, los nuestros son de los más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ocho puntos por debajo de la media.

Dan fe de ello todos los informes disponibles de organismos internacionales de prestigio, que, al tiempo que consideran injustificadas las quejas de los empresarios españoles en este capítulo, coinciden en señalar como causas fundamentales de la falta de competitividad española el poco dinamismo económico, la diminuta eficacia industrial, la pesadez del sistema financiero y la degradación de las inversiones.

En cuanto al déficit público, siendo deseable su reducción, hay que decir que en nuestro país, con la presión fiscal más baja y peor repartida de Europa, mayores inversiones públicas creadoras de empleo no tienen por qué ser sinónimo de mayor déficit público. Por otra parte, se lleva años sustituyendo el objetivo económico necesario para combatir el déficit en su raíz (creación de empleo) por el instrumento monetario para financiarlo (emisión de deuda pública).

Sin embargo, sobre el problema de fondo del tratamiento del déficit público son más ilustrativas las anotaciones de profesor Julio Segura que las que pudiera hacer yo: "...Éste es un caso claro en el que se trata de emnascarar un objetivo claramente ideológico -la eliminación en lo posible del sector público-, defendiéndolo como un objetivo de pura racionalidad económica".

Aporta algunos datos: "...La crisis bancaria le ha costado al Estado en torno a los dos billones, y, a los tipos de interés vigentes, el déficit básico del presupuesto es el provocado por la financiación del sistema bancario privado.

Déficit público y privado

Las amortizaciones más los beneficios de las compañías eléctricas privadas han servido sólo para cubrir una parte de sus costes financieros; existe un agujero de medio billón anual. Los beneficios fiscales a las empresas privadas se acercan al billón anual...".

Todo ello es incomparablemente superior a cualquier déficit imaginable del sector público, incluida la Seguridad Social, y, sin embargo, se financia con dinero de todos los españoles sin que los empresarios de aquellos sectores reciban el trato que irresponsable y peligrosamente dan algunos gobernantes a los trabajadores de las empresas públicas, presentándoles como parásitos que mantienen sus empleos y aumentan sus sueldos a costa del erario público.

Pero este nuevo período de ajuste ha iniciado su andadura dando trompicones. En el primer trimestre del año, el Banco de España ha aconsejado la revisión al alza de la previsión de inflación del 5%.

No se puede responsabilizar de ello ni a los sindicatos que no habíamos negociado convenios todavía, ni mucho menos a los trabajadores que tampoco habían cobrado salarios por encima del 5%.

El trompicón se ha debido: al sobrecalentamiento de la demanda de créditos, sobre todo de las empresas (el 30% en febrero); a la entrada de bastante capital extranjero dispuesto a especular al calor de los elevados tipos de interés que se mantienen en España; a las recientes medidas de liberalización de los tipos de los pasivos y de reducción de las desgravaciones de los activos bursátiles que desvían los dineros hacia activos más líquidos en manos del público (ALP), y a que el Estado está recurriendo al Banco de España en proporción creciente para financiarse. Pues bien, las autoridades se disponen a darle unas vueltas a la tuerca de la política monetaria.

Si hay un entramado productivo obsoleto y constreñido, incapaz de satisfacer tironcillos de la demanda interna, se prefiere constreñirlo aún más, aunque con ello se provoque más paro y se mantenga el retraso respecto a nuestros competidores, de los que sólo se acuerdan al discutir salarios.

En resumen, es una política económica que lleva congénito el fracaso. Un puzzle sin base sólida, que se desmorona a la primera de cambio.

No hay base sólida después que el presidente se empeñase tanto en sustituir las que él denomina "conservadoras bases ideológicas de la izquierda" por frases hechas... por la derecha más rancia. Porque aquella de primero la eficacia económica, después la eficacia social" no era más que el resumen de las posiciones más derechosas en el viejo debate entre eficiencia económica y equidad distributiva.

Considerar la eficacia social como algo ajeno al análisis económico en cada momento es lo que ha provocado a lo largo de la historia las mayores convulsiones sociales... y a la postre el desastre económico.

En un mundo en el que la producción es cada vez más social, la acumulación del beneficio en pocas manos no lleva más que a generar nuevos y más graves desequilibrios, aunque coyunturalmente mejore alguna variable.

El otro corolario de nuestros tiempos debería ser que políticas socialmente injustas son también económicamente ineficaces e incompatibles con el clima de convivencia social (que no de connivencia entre clases) propio de un sistema democrático.

La horma de su zapato

Así pues, la conflictividad actual es la horma del zapato con el que se pisan tantos intereses legítimos arruinados en un ajuste tan costoso como estéril.

Las explicaciones de última hora según las cuales "la gente se moviliza porque las cosas van tan bien que todos se apresuran a reclamar su parte" son una muestra o del alejamiento de la realidad en la que vive el poder o del estilo de razonamientos cantinfleros que con tanto acierto ha calificado Manuel Vázquez Montalbán.

Simultáneamente con análisis tan profundos de la tensión social actúan con descalificaciones a Camacho y al camachismo, que representa dos cosas fundamentales, el freno principal a su política antisocial y que mantiene y recompone una base social importante en la perspectiva de cambio y avance hacia metas más justas y solidarias que este Gobierno frustró primero y trató de desarticular después, para reducir el pluralismo político y monopolizar en lo social.

No lo han conseguido en este último terreno gracias a Comisiones Obreras (CC OO) y no lo conseguirán ni con los chantajes a base de embargos injustificados ni con las amenazas de recortar derechos constitucionales como el de huelga.

Ante esta actitud, la razón está del lado de los sindicatos, de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras, que con mayor unidad que otros años están consiguiendo romper los topes salariales.

Pero, desde el logro de buenos convenios en lo inmediato, es imprescindible seguir unidos para abrir vías a la modificación de otros apartados de la política socioeconómica que no pueden cambiar a través de la negociación colectiva y que son determinantes para el empleo y para corregir la insolidaridad institucionalizada.

En esa dirección apuntaba la propuesta de huelga general. Se aplazó sin fecha, desestimando la del 30 de abril tras un debate sindical libre de obediencias ciegas a componentes políticos en el que una buena parte de la propia mayoría de Comisiones Obreras, pese a coincidir en las razones y en los objetivos, pensó honestamente que no era posible darle la dimensión adecuada en estos momentos.

Una mayoría lo suficientemente sólida y madura como para encajar la pluralidad en su seno y diferenciarse de quienes con viejos esquemas, cada vez más residuales, consideran que el movimiento sindical es un apéndice de los partidos que se agita o se frena según tenga o no cauce político... o cuando se pretende impedir que lo tenga a través de proyectos unitarios de la izquierda real.

En cualquier caso, con otras formas que superen los errores que seguramente cometimos al proponer aquella acción, con la mayor unidad posible, es necesaria y legítima la más amplia movilización. Necesaria porque esto ni puede ni debe seguir así. Legítima, porque permanecen cerrados a cal y canto todos los cauces de participación efectiva y de negociación.