El Gobierno regional contrata a 11 policías municipales para vigilar sus edificios
El director general de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid, Enrique Echegoyen, desmintió ayer que el servicio de vigilancia de 11 policías municipales en los edificios de la Comunidad sea un intento de creación de policía autonómica. Anunció que, "para evitar suspicacias" no se contratarán a otros 39 policías municipales como estaba previsto. Echegoyen afirmó que el Estatuto de Autonomía permite a la Comunidad de Madrid dotarse de un servicio de vigilancia para sus edificios propios.
Desde hace apenas una semana, según Enrique Echegoyen, 11 vigilantes -provenientes de los cuerpos de Policía Municipal de varios ayuntamientos, fundamentalmente del de Madrid-, cumplen servicios de protección en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.Visten un uniforme similar al de la Policía Municipal, aunque el color azul es más claro; llevan en el antebrazo el emblema de la Comunidad de Madrid (las siete estrellas blancas sobre fondo rojo), y no llevan armas, ni pistolas ni porras, "aunque no se descarta que en algún acto puntual puedan llevarlas", dijo Echegoyen.
Su aparición suscitó la protesta del Ministerio del Interior, que llegó al Gobierno regional a través del Ministerio de Administraciones Públicas, con la advertencia incluida de que el Gobierno estaba dispuesto a impugnar el acuerdo por el que se creó dicho cuerpo de vigilantes ante el temor de que se tratara del embrión de una nueva policía autonómica.
La ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no contempla que policías municipales puedan ejercer tareas de este tipo.
La Consejería de Gobernación de la Comunidad ha enviado ya información sobre los objetivos del nuevo cuerpo, "y esperamos que las suspicacias surgidas desaparezcan", afirmó el director regional de Protección Ciudadana.
"El equívoco", añadió Echegoyen, "debió surgir al ver Interior que utilizábamos policías municipales para este nuevo servicio, pero en absoluto se trata de que el Gobierno regional quiera crear una nueva policía autonómica, algo que no se contempla en el estatuto de autonomía madrileño y a la que se renunció expresamente en el momento de su redacción".
Echegoyen explicó que su departamento convocó un concurso para cubrir 50 plazas. El concurso tenía carácter restringido, sólo para policías municipales, "porque las funciones del servicio no son sólo la vigilancia exterior, sino que deben tener buenos conocimientos de protección civil, medidas a adoptar en caso de emergencia, salidas de evacuacion del edificio en caso de incendio o siniestro, etcétera, conocimientos que no suele tener la Policía Nacional, que se limita normalmente a la vigilancia".
Comisión de servicio
El concurso, añadió Echegoyen, no tuvo demasiada aceptación, tal vez porque el salario es sólo un poco superior al habitual de los policías,municipales. Sólo se cubrieron 11 plazas, que se encargan sobre todo de la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. Los policías de la Comunidad cumplen servicios ambulantes, como en la Asamblea de Madrid cuando hay plenos, en exposiciones que vayan a visitar altos cargos regionales, o en actos públicos esporádicos.Los nuevos vigilantes se encuentran en su nuevo destino en comisión de servicio. Es decir, siguen en la plantilla de sus ayuntamientos respectivos como policías municipales, pero mientras dure su nueva función, que es por tiempo indefinido, reciben sus salarios del Gobierno regional y están sujetos a la normativa administrativa de la Comunidad de Madrid.
El estatuto de autonomía de Madrid excluye la existencia de una policía autonómica. Sin embargo, y aquí se, basa el Gobierno regional para defender la legalidad de su actuación, el artículo 26 dice que "corresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la función legislativa en las siguientes materias", y el apartado 19 de este artículo especifica: "La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".
Esta vigilancia se ha venido realizando a cargo de fuerzas de la Policía Nacional, e incluso, en algunas dependencias, por parte de la Guardia Civil.
Fuentes de la Administración autonómica atribuyeron la reacción del Ministerio del Interior a una suspicacia un poco exagerada. Las mismas fuentes añadieron que estaba previsto convocar nuevos concursos, esta vez públicos y para cualquier opositor, no restringidos a policías municipales, para ampliar el servicio de vigilancia a otras instalaciones de la Comunidad en la provincia.
