Droga con domicilio
LA DENUNCIA presentada en el Parlamento por la Coordinadora de Barrios de Madrid precisando, con nombres y direcciones, supuestos puntos de venta de drogas en diversas zonas de la capital, así como la presunta implicación de determinados policías en esta actividad, revela uno de los aspectos más siniestros del narcotráfico.En no pocas poblaciones, no necesariamente de millones de habitantes, los traficantes de drogas actúan casi públicamente y con tal impunidad que los ciudadanos han recelado de una supuesta pasividad policial en la persecución de este grave delito. En ocasiones, algunos padres tomaron la iniciativa de hablar con los mismos camellos para tratar de evitar, con dinero o con amenazas, que no facilitaran droga a sus hijos. Ahora, los denunciantes han llamado la atención sobre la existencia de pisos a cuya salida eran detenidas personas que habían adquirido pequeñas cantidades de droga, mientras que los suministradores seguían negociando. La sospecha implícita es que la policía, o algunos policías, considera preferible engrosar la estadística de detenciones que capturar rápidamente al traficante.
Ante estas acusaciones, la policía ha respondido llevando a los autores de la denuncia ante el juzgado de guardia. Respuesta insuficiente para desvanecer las sospechas, especialmente si no va acompañada de un pronunciamiento de los responsables del Ministerio del Interior. Porque no se trata sólo de lavar ante el juez el honor profesional de unos policías concretos, sino de disolver las suspicacias de amplios sectores de la opinión pública sobre la actitud policial. Y máxime cuando entre los propios funcionarios de la seguridad del Estado se aplican numerosos miembros con gran profesionalidad y celo, por supuesto no compensados por sus retribuciones ni el reconocimiento social de su función.
Los medios de comunicación han reflejado en los últimos años casos llamativos de corrupción policial en el tráfico de estupefacientes. La Memoria del fiscal especial antidroga correspondiente al año 1985 advertía que el riesgo de posibles corrupciones al que están sometidos los distintos niveles de la Administración que deben hacer frente a las redes de traficantes se ha convertido ya, en más de una ocasión, en realidad. Por otra parte, en la última Memoria presentada al Gobierno por el fiscal general del Estado se subraya la existencia de lagunas de impunidad en el ámbito de las drogas duras y del tráfico organizado, que sólo excepcionalmente caen ep las redes policiales. Así, los datos judiciales del año 1985 apuntan a que sólo el 7,48%. de los procedimientos por tráfico de drogas abiertos en aquel año corresponden a ocupación de droga calificada como de notoria importancia (a partir de un kilo de hachís y entre 60 y 80 gramos de heroína). La conclusión obvia es que el peso de la represión cae sobre las drogas blandas y los pequeños traficantes, en muchos casos también consumidores al final de la cadena.
Aunque en los últimos meses se han producido algunos descubrimientos de importancia -frecuentemente en estos casos de drogas duras-, sigue siendo constatable la inclinación a la persecución del pequeño traficante-consumidor, o del consumidor a secas. Obviamente, el factor más peligroso de este tipo de actividad delictiva no es el drogadicto, tan fácil y emocionalmente criminalizado desde algunos sectores, sino el gran traficante, que crea y explota la adicción. Precisamente este hecho ha obligado recientemente al Gobierno francés a corregir su primitiva política de basar la lucha contra la droga en la represión del drogadicto, poniéndole en la disyuntiva de curarse o de ir a la cárcel.
En cuanto a la reforma que proyecta el Gobierno español, la misma filosofía debía inducirle menos a la agravación de las actuales penas de prisión que a la creación de mecanismos legales que impidan la realización de este lucro ilegal y su posterior blanqueo en actividades económicas o financieras lícitas.
En España existen unos 200.000 adictos a lás drogas duras, en su mayoría jóvenes entre los 17 y los 25 años. En los últimos tres años han muerto más de 500 a causa de este consumo. Pero a esta tragedia deben añadirse los que han contraído el SIDA, quienes se ponen diariamente en peligro de contraerlo y todos aquellos cientos de miles que por culpa de la droga se encuentran, internados o no, en los márgenes de la sociedad y, a veces, con enfermedades irreversibles.
Si se quiere acabar con esta sevicia, hay que actuar, pues, enérgicamente sobre las cadenas de traficantes. Centrar la lucha contra las drogas en la represión del consumidor podrá ser gratificante a los efectos de la estadística policial, pero resulta poco efectivo para acabar con el comercio ilegal de la droga. Y hará sospechar a muchos que, con esa dejación, el poder económico del narcotráfico campa en nuestro entorno por sus respetos.
