La justicia española y los banqueros

Desde que en 1978 se inició la crisis bancaria, se han visto afectadas medio centenar de entidades.Los tribunales han intervenido en 11 casos, dictando 42 autos de procesamiento -tres directivos han pasado por la cárcel-, pero hasta ahora se ha celebrado un solo juicio, en el que se absolvió a los dos procesados.

El primer banquero procesado fue Juan Palomeras, presidente del Banco de Navarra, acusado de operaciones irregulares por más de 7.000millones de pesetas (de los que 3.700 correspondían a avales concedidos a sociedades instrumentales promovidas por él mismo). En el único juicio formal realizado hasta ahora en el terreno bancario, se falló que se había producido una "quiebra fortuita", lo que eximió de cualquier cargo a los administradores de la entidad.

Desde el punto de vista de las repercusiones, Palomeras ha sido, sin embargo, el banquero más castigado, pues pasó dos años en la cárcel.

Vicente de Miguel La Santa, ex-director general del Banco de Descuento, también sufrió un corto período de prisión -en el hospital de Carabanchel porlas anomalías de su entidad. Higinio Torras Majem, presidente del Banco de los Pirineos, marchó al extranjero antes de que se ordenase su procesamiento. José María Ruiz-Mateos, cabeza del grupo Rumasa, ingresó en prisión cuando las autoridades españolas consiguieron su extradición.

Las otras crisis

En 1981, tres, años después de que se iniciara el problema del Navarra, estalló el del Banco de Descuento. La Brigada de Estafas presentó una denuncia contra varios ex directivos -entre los que se encontraban el ex ministro Enrique García Ramal y Diego Prado y Colón de Carvajal acusándoles de haber producido un déficit de 5.700 millones. En noviembre de 1983 un juzgado de Madrid dictó él procesamiento de siete de los altos cargos, con una fianza de 8.000 millones. El caso está abierto.Esta crisis coincidió con la del Occidental. En 1981 se detectaron unas pérdidas que superaban los 9.000 millones de pesetas. En 1984 se dictó el procesamiento de su presidente, Gregorio Diego Jiménez, cuyo juicio está pendiente.

Con posterioridad aforaron los problemas del Banco de Le vante, Pirineos, Cantábrico, Meridional y Valladolid, abriéndose investigaciones judiciales. En dos de los casos Levante y Cantábrico- se han sobreseído recientemente los sumarios. Por lo que respecta al Pirineos, se encuentra pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, a la espera de que, se resuelva antes un procedimiento de quiebra.

Con la caída de Banca Catalana, en noviembre de 1981, se cerró, según algunos expertos, el primer capítulo de la historia de la crisis bancaria española. Esta fase se ha caracterizado, desde el punto de vista judicial, por el rigor de la Administración. En este período intervenía directamente en la gestión de los bancos y abria una investigación penal.

El 'caso Banco de Navarra'

Tras el paréntesis que ha supuesto la actuación en el grupo Rumasa, la Administración ha confirmado otra estrategia para sanear la banca, utilizando fórmulas similares a las puestas en práctica en Estados Unidos y la República Federal de Alemania, y que en España se había ensayado con el Banco Urquijo. En esta fase, se ha limitado a "reconducir", "controlar" o "tutelar" la actuación de los administradores, como ha podido ocurrir con el Gárriga Nogués y el Banco de Madrid, entre otros.La crisis del Banco de Navarra, prototipo de determinadas actuaciones financieras, se cerró con tres sentencias absolutorias y una reflexión ideológica sobre la crisis bancaria.

La primera absolución, a cargo de la Audiencia de Pamplona, aseguraba que el presidente de la entidad, Juan Palomeras, y su secretario, Miguel Capuz, no eran responsables de ninguna estafa o falsedad en una dudosa ampliación de capital que había denunciado el Banco de España. Posteriormente, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia.

Su tercera absolución la dictó el pasado mes de septiembre él magistrado Gabriel González Aguado, instructor especial del procedimiento de la quiebra seguida contra la entidad.

La sentencia exculpa de toda responsabilidad a los ex administradores, establece que la quiebra fue "fórtuita" y señala que cualquier responsabilidad penal quedaba cancelada por el pacto al que llegaron el banco y sus acreedores.

Este fallo concluía con una larga meditación sobre los problemas de la banca, responsabilizando a la crisis económica, los banqueros, la Administración y las filtraciones a la Prensa. El juez justifica los problemas financieros de la banca española como fruto, en general, del cambio político y social, la subida del petróleo y la consiguiente escalada de los precios. Luego acusa a los banqueros, porque "no tuvieron la suficiente visión de futuro".

El juez añade que todo lo anterior se agrava por las límitaciones y controles impuestos por la Administración -citando los coeficientes de garantía, el de caja, el de activos líquidos, el de intervención de cartera y las limitaciones de crédito bancario que "afectan esencialmente" a los recursos de las entidades.