Discrepancias en sectores socialistas sobre el nuevo decreto del aborto

El decreto sobre la práctica del aborto en centros privados, que será aprobado por el Consejo de Ministros probablemente la semana próxima, contiene aspectos que constriñen la aplicación de la ley Despenalizadora de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, según el informe enviado por Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer, al ministro de Sanidad, Julián García Vargas. El sindicato socialista UGT, en cambio, valora muy positivamente el proyecto de real decreto.

La ley orgánica despenalizadora del aborto en tres supuestos (riesgo para la salud de la madre, malformación del feto y embarazo producido tras una violación) determina que el dictamen necesario para que se realice la interrupción voluntaria del embarazo ha de ser emitido por "un médico de la especialidad correspondiente". Esta formulación legal encierra, según el informe del Instituto de la Mujer, "una gran amplitud que el nuevo decreto viene a restringir al exigir que el dictamen sea emitido "por los médicos de la especialidad correspondiente a la afección que presente la embarazada; de esta forma se limitan -y ello es grave- las posibilidades de intervención de determinados especialistas"."Por todo ello", continúa el informe, "se considera que debería mantenerse textualmente la redacción que figura en la ley y no pasar a constreñirla por vía de real decreto". Los especialistas perjudicados con el nuevo texto son los ginecólogos, según Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer.

Ginecólogos

Estos médicos son los que están más cerca del asunto del aborto, lo conocen a fondo y son los que llevan los cuidados de la embarazada, aunque ésta tenga varias enfermedades. Con el nuevo decreto puede ocurrir que sean los cardiólogos o los urólogos los que dictaminen cuándo se debe practicar un aborto. "Si el Ministerio de Sanidad no recoge los cambios que pedimos", dice Carlota Bustelo, "el Instituto de la Mujer incidirá en otros ministerios, porque el decreto puede ser modificado también a su paso por el Consejo de Ministros"."El Instituto de la Mujer ha hecho todo lo que tenía que hacer", continúa Carlota Bustelo, "desde realizar un seguimiento de la aplicación de la ley a sugerir a los departamentos ministeriales competentes, como Justicia y Sanidad, los cambios que creíamos necesarios. Nos parece bien que se modifique la orden ministerial anterior, pero hemos dicho que para proteger la salud de todas las mujeres la ley actual no es suficiente".

En el informe enviado en esta ocasión al Ministerio de Sanidad se recoge también que con el nuevo decreto no está suficientemente garantizado que los centros del Insalud atiendan las solicitudes de aborto previstas en la ley.

La Unión de Técnicos y Cuadros del sindicato socialista UGT considera que "el nuevo decreto refrenda la independencia del médico y su responsabilidad como tal, manifiesta su total oposición a la postura de la Organización Médica Colegial (OMC) y valora muy positivamente el proyecto de real decreto, por cuanto suprime las comisiones de evaluación".