El Gobierno envía a las Cortes la reforma de la jurisdicción militar
El Consejo de Ministros decidió ayer remitir a las Cortes el proyecto de ley orgánica de competencia y organización de la jurisdicción militar. Este proyecto ya fue aprobado por el Gabinete socialista el 28 de febrero de este año y quedó pendiente de trámite parlamentario al convocarse elecciones anticipadas y quedar disueltas las Cortes. Con este proyecto, la jurisdicción militar se incorpora al Poder Judicial del Estado, sin perder su especialidad, atribuida por el derecho militar.La competencia de la jurisdicción militar se limita en este proyecto al "ámbito estrictamente castrense", como ordena la Constitución; es decir, sólo conocerá de delitos militares, previstos como tales en el Código Penal Militar, y del régimen disciplinario castrense.
Según el proyecto, la organización de los tribunales militares sufre una profunda transformación. Se prevé la creación de una sala de lo militar en el Tribunal Supremo que se integra en este alto tribunal. Su composición -ocho magistrados procedentes a partes iguales de la jurisdicción ordinaria y de la militar- se ha entendido, según la referencia del Consejo, como la más adecuada.
Entrega a Estados Unidos
El Gobierno acordó también la entrega a Estados Unidos de William Haake, ciudadano norteamericano condenado a nueve años de cárcel por la Audiencia Provincial de Gerona por tráfico de drogas, tenencia ¡lícita de armas y uso de documentación falsa. Haake cumplirá esta condena en su país. Es la primera vez que un ciudadano de EE UU es entregado por España a dicho país para cumplir allí la condena impuesta por los tribunales españoles.Por otro lado, el Consejo de Ministros autorizó al Gobierno vasco la emisión de deuda pública de esa comunidad por un importe de hasta 4.000 millones de pesetas, ampliables a 6.000 millones; al Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, la emisión de deuda pública por el importe de 1.000 millones de pesetas, y al Gobierno murciano, por 1.000 millones de pesetas, ampliables a 2.000 millones.
En el Consejo de Ministros se produjeron, entre otros, los nombramientos siguientes: César García García, director general de Régimen Económico de la Seguridad Social; Pedro de Eusebio Rivas, director general del Instituto Nacional de Empleo; Rafael Real Imedio, director general de Servicios del Ministerio para las Administraciones Públicas; Javier Matía Prim, secretario general técnico del Ministerio de Cultura; Pedro Pablo Mansilla Izquierdo, director general de Alta Inspección y Relaciones con las Administraciones Territoriales; Miguel Marañón Barrio, director general de Servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo; Juan José Artells Herrero, director general de Planificación Sanitaria; Rafael Nájera Morrondo, director del Instituto de Salud Carlos III; Luis Herrero Juan, director general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, y José Simón Martín, director general del Instituto Nacional de la Salud.
