Una derrota innecesaria JOSÉ RAMÓN RECALDE
Negociar con ETA supondría degradar al Estado como fuerza legítima y como orden ciudadano. El autor de este artículo explica esta tesis señalando que esa negociación equivaldría a admitir la legitimidad de una fuerza contraria al Estado. Además significaría aceptar el logro de objetivos políticos fuera de las reglas de la democracia. Por esa razón, considera el articulista, no cabe siquiera discutir sobre el contenido de las condiciones de negociación que el grupo terrorista. propone. Desde la legalidad democrática, cualquiera de esas condiciones debe ser entendida como chantaje, si su concesión es condición previa para abandonar las armas.
Para quienes piensan que el Estado actual es un sistema político útil que afirma, aunque con agunas vacilaciones, un orden democrático, negociar con una fuerza violenta supondría reconocer una derrota. En efecto, la negociación querría decir que lo que supone el nivel mínimo de Iegitimidad del Estado pretender, con éxito, la eliminación de las violencias privadas y monopolizar legítimamente la fuerza no se habría conseguido. Una violencia distinta de la legítima del Estado habría impuesto su voluntad, por lo menos parcialmente, contra un proyecto Popular. Claro que cabe partir de otra hipótesis: la de que la legitimidad de ETA es superior a la del Estado, por ser este movimiento el que encama una lucha de liberación. O bien, rebajando el argumento: la de que, por lo menos, son comparables ambas legitimidades. Se trata, desde luego, de un problema de creencias, y resulta muy difícil intentar convencer al violento.
Pero estas líneas están propuestas para la reflexión de aquellos que han aceptado la creencia de que en el Estado democrático Iibertades y derechos individuales, principio de legalidad, pluralismo, representatividad popular" democracia y redistribución del bienestar- está la base de la legitimidad. Éstos entiendo yo que deben confirmarse a sí mismos en la convicción de que en el Estado esta regla está funcionando, aunque como funcionan las reglas del comportamiento político: con defectos. Pero con defectos que, si bien suponen un importante pasivo, no logran, ni con mucho, compensar el notable activo de la democracia en España. Normalmente, el mantenimiento de la legitimidad del sistema exige de los ciudadanos que no extremen el elogio al poder público, que no le den con facilidad la patente de la legalidad, sino que por el contrario, agudicen su crítica frente a tan importantes vicios como la tortura, la prepotencia de los poderes públicos, el no sometimiento de las fuerzas de seguridad a la legalidad o al respeto de los derechos individuales, etcétera.
No obstante, cuando esta cotidiana tarea de denuncia puede pasar de ser una actividad de sanea miento del sistema a tina descalificación global del mismo, en beneficio de otra alternativa peor, con viene conservar la perspectiva de conjunto. Pero aun cuando por hipótesis los vicios de ilegitimidad denunciados pudieran convertirse en descalificación global del Esta do, de ahí no cabría deducir que la legitimidad habría de asumirse por el primer ocupante de ese vacío. No hay razón ninguna para que el duro juicio no tuviera que proyectarse, con un veredicto incomparablemente más severo, contra una organización como ETA, que ha hecho de la muerte premeditada y alevosa, del secuestro del atentado, de la extorsión, su método de acción, en contra del de participación política, por el que ha optado repetidamente la gran mayoría del pueblo vasco.;
"Pueblo nacional"
La pretendida fuerza legitimadora del fin -liberación nacional de un pueblo- no me convence como tal fin (y en esto no coincido con los nacionalismos), pues coloca como sujeto básico de la política al "pueblo nacional" lo que le lleva a absolutizar el principio de autodeterminación nacional, frente al principio de autodeterminación individual, que se construye desde la realidad de cada Estado concreto y hace compatibles los distintos ámbitos de organización del poder. Pero sobré todo, y en esto. ya estaría de acuerdo con la mayoría de los nacionalistas, porque tales fines no pueden imponer se por la vía del desprecio a los derechos individuales y a la representatividad democrática y por la utilización de la violencia.
. Negociar con ETA supondría degradar al Estado como fuerza legítima y como orden ciudadano. Como fuerza legítima, porque admitiría la legitimidad de una fuerza contraria al Estado. Como orden ciudadano, porque significaría aceptar el logro de objetivos políticos fuera de las reglas de la democracia. Por eso no cabe siquiera discutir sobre el contenido de las condiciones de negociación que el grupo violento propone.
Pero a veces no cabe más remedio que ceder al chantaje. Si estuviéramos en ' tal situación, habría que negociar. Como ocurre normalmente en cada caso de. secuestro en el que la familia cede a la presión ', aun con plena conciencia de la injusticia del secuestrador y de que el dinero del secuestro favorecerá las posteriores acciones violentas. Pues bien, el Gobierno debería negociar con ETA si existieran suficientes razones prácticas que hicieran aconsejable tal medida. Y los ciudadanos tendríamos que aceptar la negociación, aunque con plena conciencia de que el negociador sería un grupo sin legitimidad democrática y de que la negociación supondría una derrota del pueblo.
Tres son los argumentos prácticos que podrían decidir al Gobierno a negociar la eficacia de ETA, el riesgo de hundimiento del sistema democrático y la degradación del mismo.
Argumentos prácticos
La eficacia de ETA puede ser medida desde dos raseros: su capacidad para hacer daño y su capacidad para conseguir sus propios objetivos. Es claro que como grupo dañino conserva su eficacia, a pesar de la importante y parcialmente útil acción policial ejercida. contra ella por los Gobiernos español y francés. Es más, la continuación de sus acciones violentas produce en el pueblo una exasperación que se convierte en el primer argumento en favor de la negociación. No obstante, su acción no es, ni mucho menos, tan fuerte como para que el Estado pueda considerarse amenazado y comprometa su propia condición de orden legítimo cediendo al chantaje. La situación es todavía más clara si consideramos la eficacia de ETA en relación con la consecuencia de sus propios fines: ni se ha extendido en la conciencia popular, ni ha conquistado objetivos, ni ha contribuido, enfrentada a la democracia, a la liberación de nadie.
El riesgo de hundimiento del sistema democrático fue, real en su momento, y el fanatismo de la teoría de ETA apostó por ello como vía dolorosa que había que seguir para una posterior liberación de Euskadi. Hoy, esa misma idea, petrificada, es la que le sirve para propugnar la negociación entre ETA y el Ejército. La estabilidad del sistema se ha afirmado, sin embargo, en los últimos años y podemos considerar ese peligro como reducido al mínimo.
Más importante es otro efecto secundario: la degradación del sistema democrático. ETA provoca, por reacción, la violencia ilegítima de los GAL, nuevos límites a los derechos individuales, la tortura y la disminución del sentido de legalidad de las fuerzas del orden público. La ilegitimidad de su práctica provoca en el Estado déficit de legitimidad.
Escaso margen
¿Quiere decir lo anterior que no cabe iniciar conversaciones entre el Gobierno y ETA? No, desde luego, sino que se debe ser realista sobre el escasísimo margen de acuerdo a que pueden llevar tales conversaciones.
.Una oferta de cese de la violencia, aunque ETA la denominara "tregua en su lucha de liberación", podría dar lugar a contactos. Pero el Gobierno no es lógico que pueda ir más allá, en estas conversaciones, de mostrarse dispuesto a aceptar una capitulación de la otra parte, mientras que lo que ETA pretende es un armisticio con concesiones políticas. Es claro que incluso una capitulación que incluyera medidas de clemencia y de reinserción a los que abandonen las armas es también una claudicación en ese principio de justicia por el que la ley debe ser igual para todos.
¿Es bueno iniciar conversaciones? Contestariamos, con una concesión escéptica: por hablar que no quede. ¿Es bueno lograr una capitulación que permita la reinserción de los ex violentos? Sí, pero es poco probable que con ello, a corto plazo, se acabe con la violencia de ETA. ¿Es bueno una negociación que implique un armisticio con pacto polítíco entre Estado (o Gobierno) y ETA? No, porque supondría una derrota del pueblo.
es abogado vasco. Autor del libro La construcción de las naciones.
