3.000 personas pidieron en El Coronil el indulto para Diego Cañamero

Unas 3.000 personas participaron ayer en la localidad sevillana, de El Coronil en la concentración convocada por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y por otras organizaciones políticas y sindicales de izquierda para protestar por el procesamiento de jornaleros y exigir el indulto para Diego Cañamero, secretario general del SOC, condenado a un mes y un día de arresto por encabezar en enero de 1984 la ocupación de la rinca El Garrotal, situada en el término municipal de El Coronil.

Cañamero deberá ingresar en la prisión provincial de Sevilla el próximo viernes al no habérsele concedido en la última reunión del Consejo de Ministros el indulto que había solicitado. Cañamero ha advertido que no se presentará voluntariamente a las fuerzas del orden y que deberá ser detenido para que se haga efectivo su ingreso en prisión.Las 3.000 personas que participaron ayer en la concentración de El Coronil se trasladaron posteriormente hasta la finca El Garrotal, situada a unos tres kilómetros de la localidad, para hacer entrega al propietario, que no se encontraba presente, de un escrito en el que se recogía las mismas reivindicaciones que presentó el jornalero Cañamero cuando protagonizó la ocupación por la que posteriormente fue procesado: la contratación de un número fijo de jornaleros por cada hectárea de terreno.

Asimismo, en la concentración se acordó remitir un escrito al juez comarcal de Morón de la Frontera (Sevilla), que fue quien firmó la sentencia condenatoria de cárcel para el secretario general del SOC, en el que se señala que todos los firmantes cometieron ayer el mismo delito que Diego Cañamero y que, por tanto, deben sufrir idéntica condena.

Los dirigentes del SOC van a celebrar hoy una reunión en Sevilla para estudiar la convocatoria de nuevas acciones de protesta, entre las que se podría incluir la realización de una marcha a Madrid para realizar una concentración y una huelga de hambre ante el palacio de la Moncloa.

Diego Cañamero, casado, de 30 años de edad y trabajador temporero en faenas agrícolas, es el primer sindicalista que en los últimos años es condenado a ingresar en prisión por un delito relacionado con su actividad sindical.

El propietario de la finca ocupada en enero de 1984 presentó una declaración en la que afirmaba que se había sentido "cohibido" por la presencia de los jornaleros dentro de su propiedad. El recurso contra la sentencia de un mes de arresto dictada por el Juzgado de Morón no fue admitido por la Audiencia Territorial de Sevilla, como tampoco fue aceptada la petición de indulto presentada al Gobierno, que debería haber sido estudiada el pasado viernes en la reunión del Consejo de Ministros.

Muchas condenas

Fuentes del Sindicato de Obreros del Campo cifran en cerca de 600 el número de jornaleros que en la actualidad están condenados o pendientes de juicio. Las mismas fuentes señalan que, para los próximos meses, están previstos juicios en los que se solicitan penas que totalizan 90 años de cárcel. El próximo 3 de septiembre se celebrará en La Palma del Condado (Huelva) el juicio contra 26 jornaleros de Paterna del Campo en el que el fiscal solicita para cada uno de ellos penas de cuatro meses de arresto por la formación de piquetes coactivos.Durante la última semana se han desarrollado en diversas localidades de las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba y Málaga acciones de protesta para exigir el indulto del jornalero Diego Cañamero y una amnistía que suponga el sobreseimiento de todos los procesos pendientes contra trabajadores del campo. En Marinaleda (Sevilla) se ha llevado a cabo una huelga de hambre que ha sido seguida por unos 400 vecinos de la localidad.

Diego Cañamero afirmó ayer en El Coronil que el Gobierno socialista está llevando a cabo una estrategia de destrucción de la clase jornalera "porque considera que hay que hacerla desaparecer para lograr una agricultura competitiva", y acusó a los jueces, de los que dijo que "viven en el pasado y no representan a nadie", de estar colaborando con esta política antiobrera.