Una política para modernizar el Estado
No es verdad que el proceso autonómico esté terminado. El Estado de las autonomías no está consolidado. Sigue sometido a demasiadas incertidumbres. Después de seis años de vigencia y aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, tendríamos que tener, tal como indica el propio Estatuto, un sistema de financiación estable que garantice la suficiencia de recursos, su actualización anual automática y la autonomía en el gasto. Esto no se ha hecho a pesar, una vez más, de las promesas. Seguimos obligados a negociar cada año con la Administración central las transferencias de los recursos partida por partida, y la autonomía en el gasto afecta sólo a un 10% del presupuesto de la Generalitat aprobado por el Parlament de Cataluña.Aprobar un nuevo modelo estable de financiación de las comunidades autónomas que supere las imperfecciones y los desajustes actuales y reconocidos por todas las fuerzas políticas es un objetivo importante para consolidar el Estado de las autonomías.
Podríamos hablar de traspasos, de cómo se expresa la posición de las comunidades autónomas cerca de las instituciones europeas en los temas que afecten a sus competencias, de recursos de inconstitucionalidad que van en un sentido u otro para demostrar que el proceso autonómico, una de las innovaciones más interesantes y más positivas de nuestra Constitución, esté terminado.
Por eso, hay que poner un especial acento en priorizar la innovación y el desarrollo tecnológico. En España se investiga poco. En los próximos cuatro años, los gastos en investigación se han de doblar. A su vez, hay que incorporar las nuevas tecnologías a la actividad económica. Esto requiere de políticas fiscales que favorezcan la inversión en estas áreas por un lado y, por otro, la incentivación de la política de formación y reciclaje profesional desde las escuelas de formación profesional hasta la Universidad, acercándolas a la actividad productiva.
El cuarto objetivo es el de sanear los desequilibrios básicos de la economía española. La inflación se ha de reducir hasta los niveles medios de la comunidad. El déficit público ha de disminuir de año en año.
En consecuencia, se ha de adoptar una política de contención del gasto público basada en la austeridad. Asimismo, se revisará la actuación de las empresas públicas, con el fin de reducir las pérdidas que tienen y las subvenciones que reciben, contemplando la posibilidad de privatización en determinadas circunstancias. Este proceso irá acompañado de la necesaria reforma de la Seguridad Social.
Sólo desde la óptica de pragmatismo y realismo que se desprende de este programa podrá adecuarse la economía española al nuevo entorno internacional de la Comunidad Económica Europea para poder competir directamente y sin trabas al mismo nivel que los demás miembros.
Éstos son, principalmente, la disminución de los costos laborales no salariales, como la Seguridad Social, y la flexibilización en la contratación, a fin de acercar la normativa laboral a las necesidades del mercado, tal como ya rige en la Comunidad Europea. Esto tendría especial incidencia en la creación de puestos de trabajo para los jóvenes, que hoy son los principales afectados por la falta de trabajo.
Con todo, para crear empleo es imprescindible que la inversión crezca, ya que hoy se encuentra en uno de los niveles más bajos de los últimos ocho años. Relanzar la inversión es el segundo objetivo básico que afronta el programa. Hay que suprimir trabas e intervenciones que hoy la frenan. Esto comporta liberalizar la economía y fomentar la acción empresarial, es decir, configurar un marco legal y administrativo realmente ágil, eliminando burocracia y simplificando trámites, sea para abrir una empresa o para contratar a un nuevo empleado.
La fiscalidad se ha de orientar hacia el aumento de la inversión y, por tanto, será preciso para el incremento de la presión fiscal de los últimos años; la política crediticia y financiera también se ha de liberalizar, favoreciendo unas mejores condiciones para la inversión productiva. Todo ello sin olvidar actuaciones específicas para fomentar la actividad y la inversión de las pequeñas y medianas empresas, las cuales, por sus características, deben gozar de determinadas excepcionalidades en los ámbitos fiscal y de la contratación laboral.
Programa económico
Un tercer objetivo -estrictamente relacionado con el relanzamiento de la inversión- es la modernización de los sectores económicos.
La política autonómica de ajuste que ha llevado a cabo el Gobier no socialista ha sido insuficiente en algunos puntos, y negativa en otros. Del análisis sobre la evolución de los diversos indicadores económicos entre 1982 y 1986 se desprende que el paro ha crecido en 734.000 personas, que el déficit público ha aumentado en un billón de pesetas, y el coste para financiarlo (intereses) se ha incrementado en 811.000 millones de pesetas.
Mientras desde el Gobierno se pedía austeridad a la economía, los gastos del Estado crecían a un ritmo cuatro veces más rápido que el crecimiento del PIB.
En estos años, Europa ha obtenido otros resultados. Europa tiene la mitad de tasa de paro y de inflación que la que tenemos en España. Por tanto, esto significa que existe una alternativa en política económica.
La importancia que otorgamos; al programa económico se deriva. del hecho de que los próximos cuatro años constituirán un período clave para la superación de la crisis de la economía española y de sus principales desequilibrios. Situarlos en niveles parecidos a los que hoy mantiene la CEE es, por tanto, el objetivo que persiguen todas las actuaciones de política económica que proponemos.
Hay que reducir el paro. Hoy, el porcentaje de parados que hay en España dobla al que tienen como, promedio los otros miembros de la Comunidad Europea. Esto no puede ser así; la política contra el paro no puede depender de los subsidios, sino que se ha de fundamentar en el estímulo para la creación de puestos de trabajo.
