Enfrentamientos de la EFTA y la Comunidad por España y Portugal
La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y la Comunidad Económica Europea mantienen profundas discrepancias en torno a la revisión de los acuerdos vigentes con España y Portugal, que necesariamente deben sufrir modificación tras la adhesión de los dos países a la CEE. Los países miembros de la EFTA se han negado a seguir negociando si la CEE no modifica su mandato sobre la revisión de los acuerdos con España y Portugal, al que califican de muy "duro".
Las diferencias de posturas, hasta el momento irreconciliables, se centran en el tratamiento que deberán recibir las importaciones, por parte de los países de la EFTA (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), de los productos industriales de España y Portugal.Según el mandato comunitario, aprobado hace aproximadamente un mes por el consejo de ministros de la Comunidad Económica Europea, los países de la zona de libre cambio deberían aplicar un tratamiento arancelario a los productos industriales españoles idéntico al que reciben los del resto de los países comunitarios, es decir, arancel cero.
La queja de los países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio se sustenta en que mientras a ellos se les exige esta igualdad de trato, la propia CEE ha establecido un sistema de adaptación gradual para ambos países, que en el ámbito industrial y para el caso concreto de España se extiende por un período de 7 años.
Las negociaciones entre las dos zonas de libre comercio han quedado interrumpidas, ya que el consejo de ministros comunitario celebrado el pasado lunes no modificó su mandato negociador, por lo que no se pueden proponer nuevas alternativas en la mesa de reuniones.
En el supuesto de que no se alcance ningún tipo de acuerdo entre las partes, entraría en vigor una de las cláusulas vigentes en el actual acuerdo entre España y la EFTA que prorrogaría éste hasta el próximo 1 de marzo, ya que su plazo de vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre. Si después de esa fecha tampoco se hubiera solucionado el contencioso, España y los países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio deberían suscribir una serie de medidas autónomas que regularan sus relaciones comerciales, extremo que no agrada a la parte española.
España alcanzó el acuerdo que rige actualmente sus relaciones comerciales con la EFTA a principios de 1979 y su funcionamiento desde entonces ha sido calificado por la Administración española de "muy satisfactorio". La balanza comercial con los países de la EFTA ha sido tradicionalmente favorable a nuestro país.
Durante el pasado año las importaciones procedentes de los países de esta organización ascendieron a 1.507 millones de dólares (unos 240.000 millones de pesetas), mientras que las exportaciones españolas fueron de 1.629 millones de dólares (en torno a los 260.000 millones de pesetas).
