La dificultad de Europa
LA 'CUMBRE' de la Comunidad se reúne hoy en Luxemburgo, después de un intento fundamentalmente frustrado de los ministros de Asuntos Exteriores de desbrozar el camino a sus jefes de Gobierno y de Estado para el estudio de algunas cuestiones sin salida. A grandes rasgos, es un imperativo reformar la CEE en el sentido de dotarla de verdaderas competencias supranacionales, pero existen todavía resistencias nacionales para progresar en esta dirección y unas diferencias de puntos de vista que se traducen en matices hasta ahora sin conciliar. La clave reside, principalmente, en dos instituciones conceptuales estrechamente unidas: el Mercado Común y el Parlamento Europeo. Se trataría de que en un plazo de siete años este grupo de 12 naciones suprimiera fronteras físicas, con la consiguiente liberación del paso y establecimiento de personas en ellas, y con un intercambio libre de mercancías y capitales, todo lo cual requiere una previa supresión de barreras directas e indirectas: administrativas, fiscales o de normas aplicables al consumo. Para administrar, legislar y decidir sobre este enorme territorio común, el Parlamento Europeo necesitaría disponer de unas prerrogativas equivalentes a las que ahora tienen los Parlamentos nacionales, sin que se vislumbre un horizonte en el que semejante paso de gigante en la construcción de Europa, fuera posible.Prácticamente, esto conlleva un regreso a la utopía inicial. Se trata, en definitiva, de ir a la reforma del Tratado de Roma, pero en realidad ese objetivo se encuentra inscrito en el espíritu original del tratado y se representa enteramente en el propio nombre de Comunidad. Lo que habría que reformar ahora es algo de la letra, y en cambio mucho de lo legislado después con carácter restrictivo. La crisis económica que ha padecido Europa en los últimos 10 años ha incrementado la inclinación al proteccionismo; las burocracias han cristalizado en regulaciones y aparatos administrativos que obstaculizan la flexibilidad y la adaptación empresarial. El enorme desafío económico a que hace frente ahora Europa, con Estados Unidos y Japón en una clara ventaja tecnológica, obliga a no demorar más los pasos hacia una integración completa. Un mercado realmente único y europeo, capaz de estar orientado por una misma política económica, es una exigencia inaplazable. En el proyecto que hace 30 años, a la firma del Tratado de Roma, podía vislumbrarse un componente romántico, hoy sólo puede verse una necesidad. Más aún, la falta de una debida coherencia entre los Gobiernos hace a Europa más vulnerable a los designios políticos de la primera potencia occidental. No habría modo, pues, a estas alturas, de distinguir en los argumentos a favor de una mayor integración lo que correspondería a las razones de tipo político, económico o social.
La coincidencia teórica en este planteamiento es total., Pero un catálogo de conflictos sigue atascando el proceso integrador. Los ministros de Asuntos Exteriores han levantado recientemente acta de los problemas domésticos de cada Estado miembro. Hay. amplias diferencias de lo que llamaríamos en términos generales riqueza y pobreza, que se traducen en distintos niveles tecnológicos. Existe todavía una tenaz defensa de cada moneda, sigue sin resolverse la batalla sobre el reparto de contribuciones y hay en los programas más nuevos una perturbadora mezcla de temas de defensa e innovación científica. En cuanto al Parlamento, hay ya un punto de partida hostil: los reunidos en Luxemburgo entienden que debe mantenerse la fuerza del Consejo de Ministros frente a la de los parlamentarios, y cada país teme que la mayoría política del Parlamento Europeo sea de tonalidad distinta a la suya nacional en un momento dado. Es posible, pues, que la modificación llegue a hacerse en un término medio, llamado ahora cooperación entre el Parlamento y el Consejo de Ministros, aunque hay que convenir en que la cumbre de Luxemburgo se presenta sin ni siquiera un planteamiento válido y común para que ese objetivo, nada utópico, parezca hoy día viable. En su defecto se puede arbitrar una reforma puramente cosmética que haría mas mal que bien a la soñada europeísta.
La posición española ante estas reformas es ambigua. Por una parte, el presidente del Gobierno -que está ahora en Luxemburgo- se mostró claramente partidario de que el Parlamento tenga mayores poderes y sus decisiones se tomen por mayoría absoluta -sin admitir el derecho de veto- en la conferencia que pronunció recientemente en el Colegio de Europa, pero, por otra, pone reparos a la apertura física de las fronteras por miedo a la difusión de una trilogía delictiva: terrorismo, criminalidad y drogas. Es muy posible que esos delitos hayan abolido por sí mismos todas las fronteras hace mucho tiempo y no merezca la pena subrayar esos temores. Para España, en cambio, la fluidez en los pasos entre países supondría una favorable circunstancia en cuestiones de migración. Por añadidura, España, que muestra ya su angustia por la presión comunitaria que deba soportar, pretende la permanencia de un cierto proteccionismo respecto a algunos de sus productos, incluso más allá de los plazos de adaptación señalados y utilizando para ello no ya las barreras arancelarias, sino distintas normas o regulaciones entorpecedoras que han de cumplir algunas mercancías.
Lo que se puede esperar de la conferencia de Luxemburgo no es, por tanto, demasiado para cambiar cualitativamente el estado de fragmentación europea. La llamada arterioesclerosis de Europa, su decadencia relativa, reclama con urgencia soluciones políticas y económicas inexorablemente inspiradas en un creciente entendimiento supranacional. El peso de siglos de guerras, la fuerza de la constitución de las nacionalidades y el miedo a la pérdida de identidad son fuerzas que impiden esperar cambios espectaculares, pero, con todo, cualquier paso auténtico, por pequeño que sea, desde Luxemburgo hacia una Europa unida será siempre bienvenido.
