Las redes mundiales no dirigen el tráfico de drogas en España, según dos senadores socialistas

Octavio Granado y Ángel Luna, presidente y portavoz socialista, respectivamente, de la comisión mixta senatorial de 25 miembros que ha elaborado y redactado un informe que será debatido hoy en pleno por la Cámara alta, aseguraron ayer en Madrid que el tráfico de drogas en España no está controlado por grandes redes mundiales, sino por "redes pequeñas formadas por individuos tamiles (minoría de Sri Lanka), paquistaníes, nigerianos o iraníes".

El Pleno del Senado celebrará hoy, por primera vez en su historia, un debate monográfico sobre los problemas derivados del tráfico y el consumo de drogas en España. Según los senadores socialistas, "no existe la certeza de que el tráfico de drogas en España, a excepción del de la cocaína, esté vinculado a las grandes redes internacionales". El Pleno versará sobre el Plan Nacional sobre la Droga, elaborado por el Gobierno, y sobre el informe del Senado, cuya preparación ha durado año y medio. Al Pleno han anunciado su asistencia los ministros de Sanidad, Trabajo, Justicia e Interior.Para los senadores socialistas, la policía española, pese a sus reducidos medios, goza de amplio ascendiente entre las principales policías del mundo en las actividades para perseguir el tráfico de drogas".

Juan José Laborda, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, dijo que una polemización excesiva en el debate de hoy en el Pleno del Senado "resultaría contraproducente, ya que tanto el plan como el informe senatorial, para su actuación y viabilidad con éxito, requieren un elevado grado de consenso".

Sobre la reciente negativa del fiscal general de la lucha contra la droga, Francisco Jiménez Villarejo, a continuar al frente de este cometido si no se introducen cambios funcionales, los tres senadores señala ron que en España "la figura del fiscal, a diferencia de los sistemas anglosajones, no es un instrumento de la Administración, sino un defensor de la legalidad, con limitaciones objetivas". Por ello, a su juicio, esos cambios funcionales no tienen cabida, según el Estatuto de Fiscales. Los senadores socia listas asegurar on que tanto el Plan como el informe, "sin precedentes en las democracias avanzadas", han sido posibles bajo el impulso de una Administración y de un parlamento de mayoría socialista y con el acuerdo de las demás fuerzas varlamentarias.