Los tres ex guardias del 'caso Almería' ingresarán en una prisión civil por orden de la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial de Almería remitió ayer una comunicación al Ministerio de Justicia para que éste decida el centro penitenciario de carácter civil donde los tres ex guardias civiles condenados por el caso AImeria deberán cumplir la pena restante. La audiencia ordena a Justicia que ejecute los traslados. Los tres condenados, el ex teniente coronel Carlos Castillo Quero, el ex teniente ayudante Manuel Gómez Torres y el ex guardia Manuel Fernández Llamas, causaron ayer baja en la Guardia Civil tras publicar sus ceses en el Diario Oficial de Defensa.

La Audiencia Provincial de Almería remitió ayer un télex dirigido a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Justicia, en el que solicita que este organismo decida la prisión civil en la que los tres condenados por el triple homicidio deben cumplir su condena. Fuentes oficiales de Justicia confirmaron que la notificación oficial de la Audiencia de Almería se recibió en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a las 21,25 horas de ayer.El Diario Oficial de Defensa publicó ayer las órdenes por las que causan baja en la Guardia Civil el ex teniente coronel Carlos Castillo, condenado a 24 años de cárcel, y el ex teniente Manuel Gómez, condenado a 15 años en la sentencia firme condenatoria de la Audiencia Provincial de 30 de julio de 1982. Por su parte, al ex número de la Guardia Civil Manuel Fernández, condenado a 12 años, se le "rescinde su compromiso" con el cuerpo, ya que la legislación así lo establece para los números del cuerpo.

En las órdenes se cita a su vez el dictamen favorable del Consejo Supremo de Justicia Militar al pase a una prisión civil de los tres condenados. Hasta ahora, los tres implicados cumplían irregularmente las penas en dependencias militares: los dos ex mandos de la Guardia Civil, en la prisión militar del castillo de Santa Catalina, en Cádiz, mientras que el ex número la cumplía en la Academia de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid).

Fuentes del castillo militar de Santa Catalina manifestaron que en el día de ayer no se había recibido ninguna notificación de traslado, que afectara a los dos ex guardias civiles culpables de homicidio.

Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia indicaron ayer que la notificación de la Audiencia de Almería obliga a Instituciones Penitenciarias a ejecutar el traslado de los tres ex guardias civiles desde las prisiones militares en las que están internados en la actualidad a centros penitenciarios de caracter civil. Instituciones Penitenciarias decidirá asimismo cuándo y cómo se efectuarán los traslados.

Éstos normalmente los realiza la propia Guardia Civil. Las mismas fuentes señalaron que el centro o centros penitenciarios donde finalmente serán conducidos los condenados no será ninguno de la región de Madrid. Fuentes penitenciarias precisaron que lo normal es que las cumplan en un establecimiento penitenciario de cumplimiento de régimen ordinario, destinado a internos de segundo grado, es decir, aquel los que han demostrado buena conducta y no revisten especial peligrosidad.

Las mismas fuentes precisaron que se les buscará una "cárcel cómoda", mientras que fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que se les mantendrá separados de los restantes internos, aunque en el mismo centro penitenciario.

Irregularidades

El ministro de Defensa, Narcís Serra, conocía la anómala ejecución de la sentencia del caso Almería al menos desde junio de 1984, y sabía que los ex guardias civiles condenados no estaban cumpliendo sus penas en cárceles ordinarias porque se necesitaba una orden ministerial para separarles del servicio, según se desprende de una notificación de la Dirección General de la Guardia Civil enviada a la Audiencia Provincial de Almería.La comunicación de fecha 28 de junio de 1984, firmada por el coronel jefe de la sección de Justicia de la Dirección General de la Guardia Civil, Auribio Cebrero Montoro, responde a una solicitud de información de la Audiencia Provincial sobre los condenados. En la comunicación se dice que la Guardia Civil informa del lugar donde los condenados estaban cumpliendo sus penas, por acuerdo del ministro de Defensa. A continuación, la comunicación dice, en cuanto a la situación de los penados, que tan pronto como por orden del ministro de Defensa se promulgue la orden ministerial oportuna, se comunicará a la Audiencia Provincial, sin que hasta esa fecha se hubiera producido esa orden.

Según esta comunicación, dirigida a la Audiencia Provincial de Almería, el ministro de Defensa conocía la anómala ejecución de la sentencia del caso Almería y la ausencia de la orden ministerial que les separara del servicio, y por medio de la cual pasarían a cumplir sus penas en cárceles ordinarias.

El abogado de la acusación particular, Darío Fernández, manifestó ayer: "Por fin se ha impuesto el principio de legalidad, pero de forma muy tardía, lo que tampoco es hacer justicia". Darío Fernández añadió: "Puedo asegurar que el ministro de Defensa conocía las irregularidades de este caso, aunque por razones de discreción profesional no debo manifestarme sobre este asunto".