Maravall resalta la coordinación que se conseguirá con la ley de fomento de la investigación

La principal dificultad que ha encontrado para su elaboración el proyecto de ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica -o, más abreviadamente, ley de investigación- ha sido conseguir vertebrar la investigación pública en España, explicó ayer el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, al comentar el texto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Maravall reconoció que la ley ha tenido una gestación difícil y muy distinta a la de la ley de Reforma Universitaria (LRU), debido a que fue necesario mantener largas negociaciones con todos los ministerios implicados en actividades de investigación.La figura de planes nacionales de investigación de carácter plurianual permite la coordinación de actividades y el establecimiento de prioridades científicas, según el ministro, así como la integración de las actividades de investigación de las comunidades autónomas y los organismos públicos de investigación.

Han quedado integrados en el ámbito de la ley los organismos que realizan un 95% de la investigación pública en España, afirmó Maravall, que señaló que durante la tramitación del proyecto en las Cortes se pueden producir nuevas integraciones. Los organismos integrados son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Junta de Energía Nuclear (que cambia de nombre), el Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Instituto Español de Oceanografía.

No ha quedado incluido el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias debido a que han sido transferidas todas sus actividades, pero sí se incluye un plan de investigación agraria. También se integra el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), con la misión de promover el desarrollo tecnológico.

Maravall destacó que la comisión interministerial creada en el proyecto de ley de investigación controlará de hecho todos los fondos dedicados a investigación en el sector público en España y debe también ser informada de otras posibles actividades de los centros que realizen investigación con fondos públicos, lo que indica que por primera vez se va a establecer una nación muy fuerte de carácter presupuestario.

"El objetivo principal de esta ley es lograr que el sistema español de ciencia y tecnología sea competitivo", señaló Maravall. Las autoridades ministeriales prevén una escasa conflictividad en la tramitación en las Cortes del proyecto de ley centrada en la defensa de intereses gremialistas y pequeñas objeciones de carácter formal. La aprovación de la ley no es previsible que se consiga antes de los primeros meses de 1986.