La Comisión Europea rompe el acuerdo para seleccionar funcionarios españoles en la CEE
El Gobierno español ha hecho llegar a los responsables comunitarios su rechazo total al trato discriminatorio que se pretende imponer a nuestro país en la forma de seleccionar los funcionarios que ocuparán los puestos que corresponden a España en la Comunidad. Felipe González expuso el pasado lunes en Madrid, al comisario encargado de la ampliación, Lorenzo Natali, que el Gobierno español no transigirá en el intento de la Comisión de que los futuros funcionarios españoles tengan que soportar requisitos diferentes a los que se aplicaron a los países comunitarios en anteriores ampliaciones.
Felipe González hizo saber al comisario comunitario que España no está dispuesta a ceder en este terreno porque no existe ningún tipo de razón técnica que justifique la ruptura unilateral del acuerdo al que llegaron en este sentido ambas partes el 10 de julio pasado.La advertencia del presidente del Gobierno español pone de esta forma al descubierto la decisión adoptada el pasado 4 de enero por la Comisión Thorn -tan sólo dos días antes de pasar el relevo a la presidida por Jacques Delors- por la que echaba por tierra el acuerdo hispano-comunitario del mes de julio y cedía a las presiones corporativas del sindicato de funcionarios de la CEE, que temen que la llegada de los representantes españoles pueda poner en peligro sus puestos de trabajo.
El Gobierno español ha elaborado un memorándum, que ya ha entregado en diferentes capitales comunitarias, así como a los responsables de los diferentes organismos de la Comunidad, en el que se resumen todas las negociaciones mantenidas y se denuncian las maniobras que han supuesto, por el momento, la ruptura de un acuerdo alcanzado hace meses, así como "una discriminación respecto a ampliaciones anteriores".
Haciendo un resumen cronológico, tras los primeros pasos dados en marzo del pasado año para establecer los mecanismos de selección de los funcionarios españoles para la CEE, España y la Comisión Europea llegaron a un acuerdo sobre un proyecto en este sentido el citado mes de julio de 1984.
Agravio comparativo
Tomando como modelo las anteriores ampliaciones, en el acuerdo se concretaba que los funcionarios de nivel medio serían seleccionados por la propia CEE mediante concurso de méritos -en función de su experiencia y cualificación profesional-, en el caso de los denominados A3, mientras que los A4 y A5 deberían someterse además a una prueba oral complementaria. Los A6, A7 y A8 (denominados grados de base) deberían seleccionarse a través de concursos de pruebas y exámenes.
Sin embargo, a partir de ese momento es donde comienzan a hacerse patentes los intereses del influyente sindicato de funcionarios de la Comisión Europea, consciente de que, debido a las restricciones presupuestarias en la CEE, cualquier nueva incorporación de funcionarios de otros países hace peligrar sus puestos actuales.
De esta forma, y en una nueva reunión, el director adjunto de personal de la Comisión comunicó a los representantes españoles que se había aprobado una propuesta de modificación del acuerdo alcanzado, por la que se obligaba a todos los candidatos españoles a someterse a concurso de pruebas y exámenes para todos los puestos.
A pesar del rechazo formal de los representantes españoles, la Comisión Thorn, dos días antes de la expiración de su mandato, da una muestra más de debilidad y, para evitar enfrentarse con el sindicato de funcionarios de la CEE, aprobó la modificación introducida en el acuerdo con nuestro país, lo que supone "una discriminación contra España", según al memorándum del Gobierno español.
Prueba de los intereses corporativos y de la claudicación de la Comisión es la declaración del director adjunto de personal de la Comisión, M. Hay, quien reconoció en la reunión con los negociadores españoles del pasado 29 de enero, que la modificación introducida se produjo "a consecuencia de las presiones ejercidas por los sindicatos y por los representantes de Personal del Parlamento Europeo".
