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Miguel Boyer quiere endurecer el proyecto de reforma de las pensiones presentado por el Ministerio de Trabajo

El futuro sistema de pensiones, que hasta ahora había enfrentado al Ministerio de Trabajo con la UGT y la CEOE por distintos motivos, abrió un nuevo frente el pasado martes en la reunión que celebró el Consejo de Ministros. " reforma de Joaquín Almunia, calificada de "impresentable" por la UGT por las reducciones previstas para los futuros jubilados, fue considerada demasiado costosa por Miguel Boyer, que intenta hacerla más regresiva para los intereses de los jubilados, pero más eficaz para la lógica de la Seguridad Social.

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Indecisión sobre una reforma por decreto ley o por ley

La reforma de las futuras pensiones de la Seguridad Social ha abierto un nuevo frente de polémica entre los ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, que impidió la aprobación del proyecto en el último Consejo de Ministros. Cuando todo estaba preparado para dar el visto bueno para la reforma, la reunión del Gabinete aparcó la normativa para que los ministros pudieran debatirla con más detenimiento.Joaquín Almunia, titular del departamento de Trabajo, presentó el pasado martes un proyecto para la reforma de las pensiones de jubilación según el cual la cuantía de las mismas quedaría rebajada en un 8% como término medio, porcentaje considerado insuficiente por el ministro de Economía, Miguel Boyer, para reequilibrar el gasto. Para efectuar el cálculo de las pensiones, el proyecto de Trabajo tiene en cuenta las bases de cotización de los últimos ocho años, revalorizando conforme al índice de precios al consumo (IPC) las correspondientes a los seis primeros. Sin embargo, Boyer es partidario de contabilizar las bases de los últimos cinco años, pero sin revalorización, lo que supondría una reducción de las pensiones medias del 16%, justo el doble de lo planteado por Almunia.

El ministro de Trabajo considera que la postura defendida por el titular de Economía no solucionaría a corto plazo los problemas financieros del sistema, mientras a medio plazo tendría unos efectos excesivos. Por su parte, las medidas planteadas en el proyecto de su departamento supondrían un ahorro de unos 40.000 millones en el pago de las pensiones del año que viene, que ascenderían a 110.000 millones en 1988.

A pesar de la reducción en la cuantía de las futuras prestaciones, el gasto de las pensiones seguiría creciendo, aunque a un ritmo más moderado, pasando de un aumento del 11,69% en 1986 al 10,89 en 1988. Por lo que se refiere al peso de las pensiones en el conjunto del gasto de la Seguridad Social, el año que viene se situaría en el 58,8%, y en el 63,24% en 1988.

Ley o decreto-ley

El Consejo de Ministros de la próxima semana -ya que la reunión del Gabinete de esta semana no estudiará el tema al estar ausente el titular de Trabajo, Joaquín Almunia, que se encuentra desde hoy en Venecia en un seminario sobre tecnología y empleo- volverá a estudiar el proyecto del Ministerio de Trabajo y deberá decidir, además, si se articula como decreto-ley para su posterior convalidación en el Parlamento, o si se tramita desde el principio como ley por el procedimiento de urgencia. En cualquiera de los dos casos, se calcula que a finales del próximo mes de junio la nueva normativa para las pensiones de jubilación e invalidez podría entrar en vigor. Sin embargo, no existe demasiada prisa en articular el nuevo sistema de fondo de pensiones, ya que no se considera como una alternativa que pueda compensar de forma rápida la reducción de las prestaciones.

Si finalmente salen adelante los criterios planteados por Joaquín Almunia, habrá varios tipos de pensionistas: los que lo son actualmente, y que no verán modificadas sus condiciones; los que a la entrada en vigor de la nueva normativa cumplan todos los requisitos, pero no hayan solicitado el derecho, para quienes se establecerá la posibilidad de elegir entre el sistema ahora en vigor o el nuevo, y los que tengan cumplidos 60 o más años y no cumplan el período de cotización exigido, a quienes se sumará el mínimo exigido ahora al lapso de tiempo que en aquel momento les falte para cumplir los 65 años.

La reforma de las futuras pensiones no sólo ha abierto una polémica entre los ministros de Economía y Trabajo, sino que éste, a su vez, se ha enfrentado con las representaciones de la patronal CEOE y del sindicato UGT, presentes en la comisión para la reforma de la Seguridad Social creada a raíz de la firma del Acuerdo Económico y Social (AES). Algunas fuentes consultadas opinaron que el enfrentamiento entre Boyer y Almunia es más ficticio que real, e intenta "centrar" el proyecto de Trabajo para que las iras de la UGT se vuelquen en un "enemigo que no existe". El secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, ha acusado al Gobierno de no negociar en la comisión y de no entregar a las partes documentos significativos como la ley de Sanidad, mientras el portavoz de UGT, José María Zufiáur, ha insistido en que su central no aceptará nunca la reforma del sistema de una manera parcial, desgajando las pensiones del resto de las nuevas medidas que exige el saneamiento de toda la Seguridad Social.

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