La comisión liquidadora de compañías de seguros quedará constituida esta semana
El saneamiento de los seguros empezará a ser afrontado en breve de forma ordenada y con la colaboración del sector. La comisión liquidadora de compañías -ante cuya formación dimitió la mayor parte de los subdirectores de la Dirección General de Seguros por entender que en ella imperan los intereses de las empresas frente a los de los asegurados- quedará constituida esta semana.
Para poner en marcha la comisión liquidadora -hay una treintena de compañías en la lista de las primeras liquidaciones-, el Ministerio de Economía y Hacienda prepara una serie de disposiciones que facilitarán los recursos necesarios, clarificarán las cuentas de todas las empresas y potenciarán la inspección para prevenir situaciones de crisis. Además de contar con el 5 por 1.000 de recargo en las primas recaudadas por el sector (lo que le deparará el próximo año unos 2.000 millones de pesetas), la comisión liquidadora emitirá cédulas que suscribirán las compañías. Las condiciones de estos títulos, similares a las de la deuda pública, y cuya carga financiera será atendida con los citados recargos, quedarán reguladas por un decreto de próxima aprobación. El texto de la disposición concretará las funciones de los liquidadores y los mecanismos de control por parte de la Dirección General de Seguros, así como los planes de anticipo a los asegurados afectados (se especula con la cifra de un millón) y de venta de los activos de las compañías en crisis.
Según el nuevo director general, José María García Alonso, inspector financiero y tributario que ocupaba la Subdirección General de Entidades Financieras del Ministerio de Economía, la profundidad de la crisis está todavía por determinar. Añadió que ésta será la labor que acometerá en las próximas semanas la comisión liquidadora.
No obstante, en otros medios informados se indica que ya hay en proceso de liquidación 19 compañías pequeñas y medianas. Otra treintena está en lista de espera, según los mismos medios. En conjunto, las aseguradoras susceptibles de liquidación parece que reúnen algo menos del 5% de los ingresos por primas del sector, próximos al medio billón de pesetas y repartidos entre seis centenares de compañías.
La composición
La comisión liquidadora estará integrada por cuatro representantes del sector, elegidos a través de la patronal Unespa, y otros cuatro elegidos por la Administración. Los primeros son Eduardo Carriles, consejero y director general de La Unión y el Fénix; Hipólito Sánchez, del grupo Sanjurjo; Eustaquio Rodríguez, director general de Plus Ultra, y Andrés Monreal, vicepresidente de Unespa y secretario de la Unión Mutua Astur. El segundo grupo lo integran Álvaro Muñoz López, presidente de Musini (empresa aseguradora del Instituto Nacional de Industria); Fermín Molina, inspector financiero y uno de los liquidadores de Fidecaya y Rumasa; el interventor e inspector Jaime Sánchez Revenga, y Fermín García Esteban, inspector de seguros. La proyectada formación de esta comisión por el sector privado, así como el proyecto de inclusión por el público de Álvaro Muñoz López, desencadenó en julio pasado un enfrentamiento entre la Dirección General de Seguros y la Secretaría de Estado de Economía y Planificación, de la que depende (véase EL PAÍS de 2 de agosto pasado). Ello suscitó el nombramiento de José María García Alonso como nuevo director general.
Tras este cambio, la dimisión conjunta que formuló entonces la mayor parte de los subdirectores -ha sido confirmada a nivel individual, según han informado sus protagonistas. Éstos entendían entonces y entienden ahora que se ha desvirtuado el espíritu y la letra del decreto ley creador de la comisión liquidadora, porque prevalecerán los intereses de las compañías frente a los de los asegurados, sobre quienes pesará el coste de un saneamiento pilotado por las grandes aseguradoras. A su juicio, la comisión debería estar integrada por expertos de ambas partes nombrados por la Administración, en lugar de reunir mayoría de representantes del sector. Recuerdan que Álvaro Muñoz, presidente del grupo, lo es también de la Agrupación de Aviación de la patronal Unespa.
Por su parte, el nuevo director general de Seguros, quien ha pedido sin éxito a alguno de los dimisionarios que continúen en sus cargos, opina que "sin la colaboración del sector no se podía hacer su saneamiento ni las liquidaciones". "Habrá que vender activos en un mercado dificil, reajustar carteras y pagar siniestros, para lo cual es imprescindible utilizar la red existente", afirma García Alonso.
La inmediata puesta en marcha de la comisión, que podrá hacerse cargo de las indemnizaciones a asegurados hasta ahora desprotegidos -las compañías bajo orden de liquidación tenían mecanismos para desatender las órdenes oficiales y olvidarse de sus clientes-, coincidirá con una serie de actuaciones paralelas de saneamiento del sector.
Aparte de impulsar los diversos proyectos esbozados en los últimos años -regulación de las entidades de previsión social, reforma del Consorcio de Compensación de Seguros, texto refundido de producción de seguros, reforma del seguro de crédito a la exportación, entre otros-, el nuevo director general pretende reforzar la información exigida al sector y los mecanismos de inspeción para garantizar su veracidad. A este respecto, próximamente aparecerá en el Boletín Oficial del Estado una disposición que obligará a las compañías a facilitar información trimestral sobre balances y ratios de solvencia, que será informatizalda, lo que contrasta con el plazo de seis meses después de terminado el ejercicio existente ahora para entregar datos menos completos. Asimismo será ampliada y dotada de mayores medios la plantilla de inspección, con el objetivo de atajar a tiempo las situaciones de crisis.
